La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que el Ejecutivo espera consensuar con patronal y sindicatos la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, un asunto en el que el pacto social se antoja más difícil, dado que la CEOE ha insistido en que no apoyará cambios que mermen la capacidad de adaptación de las empresas.

El acuerdo ha sido posible para el salario mínimo porque los empresarios temían que la subida fuese mayor si se quedaban fuera del pacto, ya que para ellos es motivo de preocupación el alza de los costes laborales, especialmente para las empresas que operan con contratos públicos (que no se actualizan con el aumento del SMI) y para las del campo.

Desde el Gobierno se niega rotundamente que la subida del SMI, que afectará a cerca de 2 millones de personas, sea la causa de los malos datos de empleo en el sector agrícola, que achacan a otras cuestiones como la meteorología adversa, la mecanización o la estructura de precios.

En la rueda de prensa en la que se han dado a conocer los datos de afiliación y desempleo, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha dicho que la destrucción de empleo en el sector agrícola en enero ha tenido mucho que ver con una campaña de la aceituna más corta y menos fructífera.

En la misma línea, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la subida SMI no es un factor “determinante y fundamental” que explique los problemas del campo ni las movilizaciones de los agricultores, que -ha dicho- protestan fundamentalmente por los bajos precios y la disminución de sus márgenes comerciales.

Retribución mínima diaria: 31,66 euros brutos con carácter general y 44,99 euros brutos para eventuales

La subida del SMI para 2020 implica un aumento de 50 euros al mes, desde los 900 euros de 2019, y lleva el salario mínimo a 13.300 euros brutos al año y 31,66 euros brutos al día con carácter general.

Asimismo, se fija en 44,99 euros -frente a los 42,62 euros de 2019- la retribución mínima por jornada legal en el caso de trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días anuales.

Este incremento es más moderado que el del año pasado, aunque el aumento acumulado en la última década asciende al 50 %, ya que se pasó de los 633,3 euros de 2010 hasta los 950 de 2020.

El real decreto, que no requiere convalidación parlamentaria, incluye la subida también del 5,5 % de la base mínima de cotización, lo que unido al incremento del SMI tendrá un coste para las empresas de 1.000 euros anuales por trabajador, de acuerdo con los cálculos que ha hecho la patronal Cepyme.

Esta subida no afectará a la base mínima de cotización de los autónomos, con los que el Ministerio de Trabajo tiene previsto reunirse antes de tomar una decisión al respecto.

La postura de las organizaciones agrarias

La mejora del SMI ha generado tensiones entre los sindicatos y las organizaciones agrarias durante las últimas semanas, ya que éstas han advertido de los efectos perjudiciales de la medida para la actividad primaria.

Asaja, COAG y UPA (entidades éstas dos últimas relacionadas históricamente con las centrales sindicales) han hecho hincapié en los riesgos que entraña la medida, aunque según el Gobierno es “asumible” por el sector, incluso en el marco de la crisis que atraviesa.

Las organizaciones agrarias no comparten esa opinión y ponen el acento en los problemas que implicará en el campo este nuevo aumento de 900 a 950 euros al mes.

En la práctica, fuentes del sector precisan a Efeagro que las organizaciones representan a explotaciones profesionales y que, incluso en el caso de las más pequeñas, “necesitan mano de obra”, aunque sea de forma puntual y estacional a lo largo de las campañas.

Apuntan, asimismo, a la falta de rentabilidad como el principal motivo para cuestionar esta subida del salario mínimo, que repercute en su cuenta de resultados al incrementar los costes.

La reacción de los sindicatos

Un conflicto entre opas y sindicatos que se ha materializado en comunicados de CC.OO. sobre COAG durante este mes de enero: “Resulta paradójico que la que se considera una organización progresista (en alusión a la organización agraria) se posicione públicamente en contra de la subida del SMI hasta los mil euros”.

El sindicato también incidía en que “los empresarios agrarios perciben anualmente a través de la Política Agraria Común (PAC) cerca de 6.000 millones de subvenciones públicas” y consideraba que COAG “se confunde de adversario”.

Responsables de COAG han afirmado que esta subida del SMI incrementará los costes laborales para los agricultores que tienen “una explotación media, con 2 ó 3 trabajadores fijos” y que el incremento les expulsa del mercado porque no es posible “trasladar al precio” dicho aumento.

Desde UPA han insistido en que el sector vive en un contexto de “precios hundidos” en el que los agricultores “no tienen la capacidad de negociación ante un sector distribuidor poderoso y concentrado”.

Han recalcado que la renta agraria ha bajado un 9 % en el último año y han citado como ejemplo el caso del aceite, especialmente perjudicado por la caída de precios en los últimos meses.

Desde la UGT han insistido en que “cualquier familia que tenga un incremento de sueldo va a emplearlo directamente al consumo y va a generar riqueza. Hay que quitarle dramatismo y pensar en los efectos positivos que este acuerdo va a tener sobre las personas y la economía en general”. EFEAGRO