La profesión veterinaria, poco acostumbrada a manifestarse, está convocada mañana ante las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para reclamar una serie de medidas que atañen al reglamento actual sobre distribución, prescripción y uso de medicamentos veterinarios.

La norma que data de 2023 y cuyo contenido pertenece casi por completo a una transposición comunitaria terminó de entrar en vigor en enero de 2025 cuando se obligó a los veterinarios de mascotas a utilizar la herramienta telemática PresVet para registrar oficialmente los antibióticos que prescriben a sus mascotas.

Los veterinarios han asegurado que este hecho ha sido "la gota que ha colmado el vaso" de su paciencia en este asunto hasta el punto de crear una plataforma (VetsUnidos) que, en coordinación con colegios de veterinarios y otros colectivos sectoriales, han organizado una serie de actos previos (cierre simbólico de clínicas) y han lanzado una recogida de firmas por Internet para adherirse a su causa.

En concreto, creen que la norma actual les genera hasta 13 perjuicios; entre ellos, una restricción al libre ejercicio profesional porque les limita las decisiones clínicas; sanciones "desproporcionadas" por incumplimientos; costes "inasumibles" para los propietarios; o aumenta el riesgo de automedicación.

Creen incluso que, en situaciones de atención "crítica" por infección grave a una mascota, el sistema PresVet "imposibilita a la hora de tomar decisiones rápidas" sobre antibióticos.

Por su parte, desde el Gobierno defienden el decreto (666/2023) y han asegurado que su derogación, tal y como piden los veterinarios, "no conduce a nada" porque se asienta en la transposición de una norma comunitaria que seguiría siendo "plenamente aplicable".

Lo ha asegurado a Efeagro el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Valentín Almansa, quien analiza y rebate los argumentos de los veterinarios pero muestra su disposición a seguir dialogando.

Para Almansa, el problema real es que PresVet "ha puesto sobre la mesa problemas que venían de antes" en el ámbito de la prescripción y dispensación de los medicamentos para mascotas a través de "una serie de actuaciones que a lo mejor no estaban totalmente alineadas con la normativa".

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere que este año primer sirva para que los veterinarios "se acostumbren" a usar la herramienta y, de paso, se comience a registrar "mucha información" sobre qué se está prescribiendo y cómo, "analizarla y, tras ello, ver qué medidas correctoras hay que hacer".

Uno de los objetivos principales del decreto es monitorear qué antibióticos se prescriben y racionalizar su uso para luchar contra el fenómeno de las resistencias.

Almansa mantiene que, en contra de la idea que se está extendiendo estos días entre colectivos veterinarios, los veterinarios sí pueden prescribir en un primer momento un antibiótico de los grupos A o B (los de último recurso cuando no funcionan otros) en caso de una urgencia; si bien, después deberá realizarse una prueba de laboratorio (antibiograma) para confirmar que, "efectivamente, no hay alternativa".