Con el apoyo del PP y rechazo de todos los grupos de la Oposición, se ratificaban ayer en el Congreso todas las enmiendas aprobadas por la Cámara Alta (12), entre las que destaca la inclusión de un nuevo epígrafe, denominado capítulo IV, por el que se regula el Consejo Agroalimentario del Estado como un órgano colegiado consultivo, que prosperó con 269 votos a favor, 22 en contra y 21 abstenciones.

El resto de enmiendas salieron adelante con 183 votos a favor, 115 en contra y 15 abstenciones en la votación plenaria.
La ley recoge la celebración de una consulta directa y simultánea en España, convocada de forma periódica, y los agricultores podrán elegir a una de las organizaciones candidatas, que cubrirán los 10 puestos del Consejo Agrario de forma proporcional a los votos obtenidos mediante un sistema de circunscripción única.

Se añade una disposición adicional que establece que el plazo para convocar la primera consulta será de 18 meses desde la entrada en vigor de la Ley e incorpora una disposición transitoria única que establece que el comité Asesor Agrario seguirá existiendo hasta que se constituya el nuevo Consejo Agrario.

Según la nueva ley, el censo de votantes en la futura consulta al campo incluirá personas físicas afiliadas a la Seguridad Social que perciba pagos directos superiores a 5.000 euros (frente a los 3.000 que figuraban en anteriores borradores) y agricultores que declaren una renta procedente de la actividad agraria de un porcentaje igual o superior al 25 % de su renta total. También se abre la consulta a sociedades civiles y mercantiles con actividad agraria y unos requisitos de facturación.

La norma determina que serán organizaciones profesionales agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un 15 % de los votos válidos emitidos en esa consulta en todo el Estado y, además, por lo menos un 5 % en seis comunidades autónomas.