El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró que “es una propuesta equilibrada y que responde a las distintas sensibilidades. Es imperfecta pero muy buena”, respecto al texto de compromiso elaborado por Alemania, país que preside el Consejo de la UE, para lograr un consenso sobre la PAC. El acuerdo tuvo el único voto en contra de Lituania y las abstenciones de Letonia, Bulgaria y Rumanía.
La ministra alemana de Agricultura, Julia Klöckner, indicó que ahora que ya hay un “mandato” de los países, el Consejo podrá avanzar en las negociaciones con el Parlamento Europeo para la aprobación definitiva de la PAC.
Los ministros de Agricultura de la UE dieron el visto bueno a los tres reglamentos que componen la reforma: el de los Planes Estratégicos nacionales, el de la organización común de mercados y la regulación sobre la financiación de las ayudas.

Ecoesquemas en la PAC

Planas dijo al término de la reunión que España “ha cumplido todos los objetivos que se había planteado”. Destacó en particular el acuerdo logrado para los “ecoesquemas”, nuevas ayudas complementarias que primarán las prácticas agroganaderas sostenibles, al representar una solución “sólida y que ofrece flexibilidad a los estados miembros para su aplicación”.

Por otra parte, el ministro valoró que se haya incluido finalmente en el acuerdo la prolongación de los derechos de plantación de viñedo más allá de 2030, fecha en la que expira el sistema actual, como pedían España y Francia.
Esas cifras han sido modificadas “para proponer al Parlamento Europeo que prologuemos hasta 2040”, explicó Planas.

Arquitectura verde y planes estratégicos

Entre los objetivos de la futura PAC figuran mejorar la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, fomentar el desarrollo y la energía sostenible y asegurar una gestión eficiente de los recursos.
La nueva PAC también pretende contribuir de forma más activa a la protección de la biodiversidad, mejorar los ecosistemas y preservar los hábitats y paisajes.
Los Estados miembros detallarán las intervenciones o medidas de la nueva PAC en el marco de un plan estratégico nacional que deberán elaborar y que debe ser aprobado por la Comisión Europea antes de su aplicación. Una de las principales novedades son los “ecoesquemas”, un instrumento que servirá para incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que tengan un impacto más beneficioso para el clima y el medio ambiente.

Los países respaldaron hoy que sean obligatorios para los Estados miembros y voluntarios para agricultores y ganaderos.
Además, abogaron por destinar un 20 % de los pagos directos a los ecoesquemas. La PAC para el periodo 2023-2027 estará dotada de unos 390.000 millones de euros del presupuesto europeo, de los que 47.724 millones irán a parar a los agricultores y ganaderos en España, una suma similar a la del periodo 2014-2020, según cifras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Tras el acuerdo del Consejo (países de la UE), el Parlamento Europeo tiene previsto votar el conjunto de la reforma el próximo viernes.
A continuación, comenzarán los llamados “trílogos”, en los que el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo terminarán la negociación de los reglamentos, que debería que estar concluida a principios del próximo año.
Después tendrá lugar el proceso de aprobación de los reglamentos y los Estados deberán finalizar sus planes estratégicos nacionales.

La reaccion del sector

Las organizaciones agrarias han mostrado este miércoles sus dudas ante la posible disminución de las ayudas por los nuevos requisitos ambientales de la nueva Política Agraria Común (PAC), mientras que distintos sectores han pedido más apoyo.
En concreto, se han referido a la decisión de los países de la Unión Europea (UE) de vincular el 20 % de los pagos directos a los ecoesquemas, incluida en el acuerdo alcanzado de madrugada en el Consejo Europeo sobre la futura PAC del periodo 2023-2027.

El responsable del departamento de Internacional de Asaja, Ignacio López, ha lamentado que “se incluyan nuevos requisitos pero sin introducir más dinero”, y ha rechazado el “recorte” presupuestario asignado a la política agraria el pasado julio.
Tras la reunión de los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación de la UE en Luxemburgo, López ha cargado contra la posible reducción de los fondos debido a los ecoesquemas, ya que “se coloca al agricultor en una peor situación que antes porque se le obliga a aplicarlos, aunque sean voluntarios, y sin saber aún cómo ni a qué coste para poder alcanzar el mismo nivel de pago que tenía hasta ahora”.
Asaja ha llamado a desarrollar “normas y reglas uniformes” para evitar un posible trato discriminatorio entre los agricultores y ganaderos de la UE, si no se diseñan bien los planes estratégicos nacionales para la aplicación de la PAC.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha coincidido en que la vinculación del 20 % de los pagos directos a los nuevos requisitos ambientales puede llevar a recortes “muy graves” de las ayudas a los productores si dicho modelo “no es inclusivo”.
En su opinión, no se consigue un incentivo de práctica medioambiental, “sino un recorte del 20 % para quien no se acoja” a esos programas, por lo que ha pedido que se tenga en cuenta la “variabilidad” de cada sector y que todos los productores puedan optar por un “menú amplio” de ecoesquemas.
COAG también ha cuestionado el “recorte” de los fondos europeos de la PAC acordado en julio y ha mostrado su desacuerdo con que los ministros “no hayan hecho ninguna consideración” sobre la necesidad de “recuperar partidas” para el sector agroalimentario en los fondos de los planes de recuperación económica frente a la pandemia.

La organización agraria UPA ha valorado el acuerdo del Consejo, que “puede ser positivo” para los pequeños agricultores, es “un paso importante” en tiempos de gran incertidumbre y “contribuirá a avanzar” en línea con el Pacto Verde Europeo “sin menoscabar” la renta de los productores.
Destinar el 20 % de los pagos directos a los nuevos ecoesquemas “premiará” las prácticas “más beneficiosas para el medio ambiente”, que deberán concretarse en cada país, según la organización, que ha destacado que el presupuesto de la PAC se mantiene en cifras similares a las del anterior periodo 2014-2020.
UPA ha reivindicado una PAC “más justa y social” que dedique “más ayudas a quienes más lo necesitan, a los más sostenibles, que más empleo generen y cuyas prácticas sean más beneficiosas para el medio ambiente y el territorio”.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, por su parte, ha criticado que el Consejo haya pasado “la patata caliente de los principales aspectos” de la Política Agraria Común a los países, ya que se les otorga “un amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros para otorgar y distribuir las ayudas de la PAC”.
Además, ha reclamado que esas ayudas se enfoquen hacia los agricultores y ganaderos profesionales, para lo que hace falta “definir al agricultor genuino conforme a criterios objetivos y no discriminatorios”.

La federación española de productores y exportadores hortofrutícolas (Fepex) ha llamado a incorporar en el régimen de pagos directos de la PAC al sector de frutas y hortalizas, sin acceso a estas ayudas hasta la fecha.
Según Fepex, el acceso a las ayudas básicas a la renta para la sostenibilidad de las explotaciones y en favor del clima y el medioambiente permitirá “corregir las desigualdades y distorsiones de la competencia actuales entre agricultores con las mismas características agronómicas y socioeconómicas”.
Los sindicatos han instado a condicionar las ayudas europeas al cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del campo con el fin de mejorar la situación de los jornaleros en España.

El secretario sectorial agrario de UGT, Emilio Terrón, ha abogado por sancionar a las empresas agrícolas que no cumplan la ley, dejándolas sin recibir los fondos comunitarios si no cambian de actitud.
“Es inadmisible que no se incluya entre las condiciones el cumplimiento de las normativas laborales”, ha afirmado el responsable adjunto de Política sindical y sector agrario de CCOO, José Fuentes, que se ha mostrado “cauteloso” a la espera de ver cómo queda la distribución de los fondos en España.

Los partidos políticos discrepan

Los partidos políticos han expresado sus discrepancias sobre el acuerdo, con fuertes críticas de Vox y del PP a la actuación del Gobierno español, satisfacción del PSOE y objeciones más matizadas de Unidas Podemos y Ciudadanos.
El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados, Manuel González Ramos, ha ha valorado el trabajo del Gobierno, así como el mantenimiento de los 47.000 millones de euros para el campo español en el próximo período presupuestario
Por el contrario, la portavoz popular de Agricultura en el Congreso, Milagros Marcos, ha afirmado que “hay poco nuevo bajo el sol” y que el ministro “se ha dejado llevar y no ha defendido nada:
“No es la reforma que le hubiera gustado a un Gobierno del PP“.
La eurodiputada de Vox y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, Mazali Aguilar, ha expresado su decepción, porque echa en falta “medidas para simplificar la burocracia o ideas para el relevo generacional en el campo” y ha lamentado la actuación del Gobierno.

La europarlamentaria María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos) ha celebrado avances como que se simplifique la burocracia para pequeñas fincas y medidas para impulsar la titularidad de las mujeres en las explotaciones, pero ha cuestionado el pacto entre los tres principales grupos de la Eurocámara, en el marco de la negociación parlamentaria.
El europarlamentario de Ciudadanos Adrián Vázquez ha calificado el acuerdo como “un paso adelante”, pero ha añadido que España tenía poco margen porque en la negociación del marco financiero “no peleó” bastante y los fondos para el campo, a su juicio, se han recortado.