Este míercoles le han expuesto las principales líneas del mismo al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Planas ha presidido el encuentro en Oviedo en el que ha participado el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos y las entidades que suscribieron en febrero el pacto: la Federación Asturiana de Empresarios, la Universidad de Oviedo, la Federación Asturiana de Concejos, la Federación de Cofradías de Pescadores, la Red Asturiana de Desarrollo Rural, Cooperativas Agroalimentarias del Principado, y las organizaciones agrarias Uca, Usaga y Coag.

El pacto constituye la hoja de ruta para el campo hasta 2030 e incluye más de 120 medidas destinadas a fortalecer el arraigo poblacional, facilitar el relevo generacional, modernizar las explotaciones, "dignificar" el trabajo agrario, forestal y pesquero, promover la transformación agroalimentaria y poner en valor los productos autóctonos.

La estrategia prevé la movilización de 499 millones para garantizar la viabilidad de las explotaciones, 60 para actuaciones relacionadas con la sanidad animal y otros 15 para el impulso del pastoreo.

Según ha informado el Gobierno asturiano, las organizaciones han trasladado al ministro la importancia de consolidar una estrategia común para afrontar los retos del medio rural.

También han destacado la necesidad de avanzar hacia un marco normativo coherente y equilibrado, que permita compatibilizar la protección del patrimonio natural con el desarrollo económico y social del campo.

Con este propósito, han defendido la interpretación complementaria de dos leyes: la de desarrollo sostenible del medio rural y la del patrimonio natural y la biodiversidad.

A su juicio, lejos de ser contradictorias, ambas deben actuar de manera coordinada para garantizar tanto la conservación de los recursos naturales como la actividad económica, la cohesión social y las oportunidades para quienes viven y trabajan en el medio rural.

Peticiones a Planas

Otro de los asuntos trasladados al ministerio ha sido la cláusula rural, recogida en el pacto, una herramienta que plantea que toda norma, plan o actuación con incidencia sobre el territorio incorpore una evaluación previa de su impacto social, económico y demográfico en las zonas rurales afectadas.

La cláusula se inspira en los principios de equilibrio territorial, cohesión social y subsidiariedad y, en este sentido, persigue que las políticas públicas tengan en cuenta desde su diseño los pueblos y el sector primario.

El objetivo, según ha detallado el Ejecutivo, es evitar efectos no deseados derivados de decisiones adoptadas sin un adecuado diagnóstico territorial, así como reforzar una gobernanza más participativa e inclusiva.

Las entidades firmantes han advertido durante el encuentro que la conservación del patrimonio natural no puede desligarse de quienes habitan, trabajan y mantienen el territorio.

Por ello, apuestan por un modelo que reconozca la contribución de agricultores, ganaderos, pescadores, silvicultores y administraciones locales a la preservación del entorno.

El Principado presentó este pacto a las autoridades comunitarias en mayo, en una reunión en Bruselas, como una "iniciativa innovadora" para afrontar los desafíos que comparten las regiones rurales europeas y avanzar hacia un modelo de desarrollo "sostenible, competitivo y socialmente equilibrado".

Según el Gobierno, el documento ha despertado el interés de otras comunidades, como Galicia.
Por su parte, la organización URA, que se desmarcó de la firma del documento, ha asegurado en un comunicado que el pacto es un "teatro" que no sirve para resolver los problemas del campo.

Respaldo de Planas

Tras la reunión, el ministro ha acudido a un encuentro en la localidad de La Caridad donde ha dado la enhorabuena a los firmantes del pacto puesto que se trata de un "ejemplo magnífico" de consenso entre diferentes partes para intentar que el mundo rural "ocupe el lugar que corresponde desde un punto de vista económico, social y político".

Planas ha felicitado al consejero por liderar este documento que incorpora una serie de medidas que el Gobierno central está dispuesto a contribuir en su aplicación porque algunas de ellas son de "tremendo interés", especialmente las relativas al sector ganadero y las vinculadas al relevo generacional.

Por su parte, el consejero ha subrayado la importancia de llegar a consensos en un asunto como la defensa del sector primario y ha resaltado que el pacto es un "auténtico referente" dado que no tiene constancia de que "a nivel europeo haya alguna comunidad o región que haya alcanzado un acuerdo de esas características".