La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, y la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, presentaron recientemente el balance de los dos primeros meses de aplicación del plan de choque contra las viviendas de uso turístico ilegales que puso en marcha en junio el gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Plan de choque
La teniente de alcalde Sanz explicó que, además, se han detectado 32 alojamientos que actúan como «hostel» (albergue) sin tener la pertinente licencia de hostal o pensión y estudia como actuar contra ellos y contra dos residencias de estudiantes, que también llevaban a cabo esta actividad y que la han cesado tras la orden municipal.
Sobre las multas de 30.000 euros por llevar a cabo una actividad sin licencia de alojamiento turístico o anunciar una actividad ilegal que ha impuesto o impondrá el consistorio barcelonés, la concejal Gala Pin aseguró que «las multas siempre se cobran. Se tarda más o menos pero siempre se acaba cobrando».
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha dictado las órdenes de cese y expedientes sancionadores de 30.000 euros por operar sin permisos a 418 de estos pisos, y, en cuanto al resto, está terminando de hacer las comprobaciones administrativas correspondientes para poder abrir el expediente.
Del informe de los resultados obtenidos en los dos primeros meses de funcionamiento del plan que el gobierno de Ada Colau presentará a la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz destacó también las 782 inspecciones de viviendas de uso turístico a raíz de las que se han abierto 1.290 expedientes durante julio y agosto.
En estos dos meses se han cursado 197 órdenes de cese de actividad y 555 procedimientos sancionadores, se ha comprobado que 71 pisos han dejado de operar después de que se les ordenara el cese de la actividad ilegal y se han resuelto 57 sanciones de 30.000 euros.
