En un comunicado, ambas organizaciones han llamado la atención sobre "las crecientes carencias" del actual sistema comunitario de autorización de productos fitosanitarios y sustancias activas, que consideran "esenciales" para la protección de cultivos.

A su juicio, esta situación está "mermando drásticamente" la productividad y generando una clara desventaja competitiva para los agricultores de la Unión Europea (UE) y, especialmente, para los españoles debido a su localización geográfica.

Han explicado que en un contexto marcado por el cambio climático, el incremento de la presión de plagas y la aparición de resistencias, sumado a "la reducción progresiva" de herramientas disponibles para su control y a la ausencia de alternativas eficaces desde el punto de vista agronómico y económico, "dejan a los agricultores indefenso".

Otro elemento que agrava la situación, según han detallado, la defensa y el mantenimiento de las materias activas, que, además de tener que cumplir con un marco regulador muy estricto, "dependen demasiado del interés comercial de las empresas titulares, que no siempre coincide con las necesidades productivas".

El sector ha concluido que la evolución del sistema, tal y como se está produciendo, "resulta difícilmente sostenible" en el corto y medio plazo si no se introducen ajustes que permitan acompasar los objetivos regulatorios con la realidad productiva.

Por ello, han pedido a las autoridades competentes "cambios reales" como la simplificación de los procesos administrativos para dotar a los agricultores de una "caja de herramientas" eficaz para la gestión de plagas y enfermedades, así como la homogeneización en la aplicación de la normativa en el conjunto de la UE.