La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y las organizaciones Asaja, COAG, UPA han celebrado el Comité Asesor Agrario, para tratar las prioridades de 2018 y examinar, por primera vez, la propuesta de la Comisión Europea (CE) que abre el debate sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) post 2020.

García Tejerina y los representantes agrarios han analizado la agenda y las “dificultades” para la reforma, cuya evolución depende de las discusiones sobre el futuro presupuesto de la Unión Europea (UE), según ha declarado a la prensa el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas.
Asimismo, Cabanas se reunirá hoy  con los secretarios generales del ramo de las autonomías para analizar el documento de Bruselas sobre la PAC, que entre otras ideas plantea un cambio de modelo que daría más responsabilidad a los Gobiernos.

Las incógnitas de la agenda

Cabanas ha detallado que en junio la CE podría presentar un nuevo documento acerca de la reforma agrícola, aunque estará condicionado por la propuesta prevista en mayo sobre “el marco financiero plurianual de la UE”.
Si se analiza el calendario, según Cabanas, es “muy justo”, porque quedarían pocos meses de legislatura hasta las elecciones europeas, en 2019.
Por este motivo, “sería razonable” que los textos de la PAC estuvieran aprobados con la nueva formación de la CE, a finales de 2020, y con una nueva composición del Parlamento Europeo.
Entre tanto, España presentará este semestre a la CE sus “dudas” sobre el nuevo modelo que plantea Bruselas y continuará los contactos con otros países, como los que ha efectuado con Francia o Portugal -esta semana en Canarias- o los mantenidos con Polonia, Alemana o Irlanda, ha añadido.

Las opiniones del sector

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha asegurado que existen “dos teorías” sobre la reforma: la rápida, que se aprobaría en siete u o ocho meses, y la lenta, cuya entrada en vigor se aplazaría incluso al 2021 o 2022.
Barato ha defendido que lo “más importante” es conseguir una opinión unánime de todo el sector en defensa de una PAC fuerte y ha indicado que la “línea roja” o el aspecto más rechazado es su nacionalización.
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha afirmado que es “imprescindible” que se mantenga o aumente la financiación de la PAC, porque “no se nos puede pedir más por menos”, en referencia a las exigencias en la lucha contra el cambio climático o de calidad.

Blanco ha pedido que la reforma se centre en apoyar a los agricultores profesionales “activos” y en medidas a favor de las pequeñas y medianas explotaciones.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha mostrado su preocupación porque el escenario “no es favorable” y por los temores sobre el presupuesto, que se agravan con el “brexit”, por lo que a su juicio es necesario “un frente común” contra los “enemigos” de la PAC.
Ramos ha criticado que se use la idea de “simplificar” para abrir la puerta a la cofinanciación y que no se aborden “grandes problemas” como los mecanismos de gestión ante las crisis de mercado, entre ellas la del veto ruso.