Con esta decisión Glovo encaja finalmente su modelo de relaciones laborales en la línea que exige la ley a nivel nacional y comunitario, un hecho de relevancia al ser un buque insignia dentro del sector y una compañía que ha estado en el foco de acción de sindicatos y repartidores durante muchos años.

Aunque parezca lejano, las plataformas digitales de reparto llegaron a España hace sólo una década y, pronto, se pudo ver cómo las bicis y motocicletas con macutos de Glovo, Deliveroo o JustEat recorrían las calles de las grandes urbes, prestas a entregar comida preparada a domicilio.

Al principio todo parecía normal con unos "rider" que se consideraban autónomos pero, pasado un tiempo, surgen las dudas sobre su verdadera autonomía de la empresa, siendo los sindicatos y algunos repartidores los primeros en poner el foco en la relación laboral que les unía a las compañías.

Una sentencia crucial

Sólo era cuestión de tiempo que llegaran las primeras denuncias y primeras sentencias y, en todo ese entramado judicial, fue clave la resolución del Supremo (septiembre de 2020) en la que ratificó, por primera vez, una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considerando como falso autónomo a un repartidor de Glovo.

En este contexto, también era cuestión de tiempo que se legislara para delimitar qué tipo de relación laboral tiene que regir entre los "rider" y las empresas a las que ofrecen sus servicios de reparto.

Fue algo que sucedió con la aprobación y entrada en vigor, en 2021, de la Ley Rider en la que se establece la presunción de que los repartidores son empleados por cuenta ajena, salvo que se demuestre lo contrario, y se les daba a las plataformas un plazo de tres meses para regularizar a unos 15.000 "rider", según las estimaciones que se hicieron.

La aprobación de la normativa llevó a Deliveroo a dejar de operar en España pero no al resto, que siguieron apostando por la actividad, si bien, la duda sobre el cumplimiento pleno de la ley ha sido constante.

Como ejemplo, el hecho de que Glovo anunciase hace seis meses que este próximo 1 de julio contratará como asalariados a sus repartidores ante nuevas amenazas judiciales.

El próximo capítulo

Por lo tanto, este 1 de julio se abre un nuevo capítulo a la espera de ver el calado de la decisión de Glovo.

Por el momento, los sindicatos están pendientes de ello y, de hecho, Comisiones Obreras ha pedido esta semana que Glovo lleve a cabo una negociación "real y transparente" para "garantizar los derechos laborales" de los repartidores en esta nueva etapa.

Raquel Boto es adjunta a la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras y ha asegurado a Efeagro que el siguiente paso es conseguir un nuevo colectivo porque, hasta ahora, a los "rider" se les aplica el convenio de mensajería, no actualizado desde 2016.

Siguen así con su "diálogo social, negociación colectiva y acción sindical" como, remarca, lo han hecho desde que el fenómeno "rider" llegó al país.

El paso que da Glovo, una de las grandes del sector, sirve, a su juicio, para que a partir del 1 de julio se ponga el "foco" en otras compañías que aún no tienen toda su plantilla asalariada.

Tras la Ley Rider y la posterior directiva comunitaria "no cabe duda de que -las empresas- tienen que ir a un modelo de laboralización" de los repartidores, según Comisiones Obreras.

Y para ello, los sindicatos cuentan con el apoyo, nada más y nada menos, de la patronal CEOE que ya participó en los acuerdos con el Ministerio de Trabajo para legislar y laboralizar a los repartidores.

Esta decisión motivó en su día la salida de esta empresa como socio de la CEOE.

Que este paso dado por Glovo sea o no el principio del fin del conflicto de los "rider" se verá con el paso del tiempo pero todo apunta a que se ha emprendido un camino de no retorno en la laboralización de los repartidores.