Desde 2025, España cuenta con una ley pionera para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que daba un año de moratoria para que las empresas pudieran adaptarse antes de empezar a aplicarla a partir de este mes de abril.

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El director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero, ha destacado que España es uno de los pocos países de la Unión Europea (UE) con esta legislación, que es "más propositiva que impositiva", ya que ofrece un "amplio catálogo de buenas prácticas" para las compañías.

Entre las obligaciones está el establecimiento de una jerarquía de prioridades (comenzando por el consumo humano, seguido de donación, transformación, alimentación animal, uso industrial y valorización energética).

Respecto a las donaciones, las compañías tienen que suscribir un acuerdo con las entidades que redistribuyen dichos alimentos.

Además, deben disponer de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio en cada etapa, a excepción de las pequeñas empresas y explotaciones, y de los establecimientos de hostelería y distribución de menos de 1.300 metros cuadrados, ha precisado el director general.

A su juicio, la clave está en "recuperar el valor de los alimentos y que el ciudadano piense en que detrás del alimento que compra o consume hay una cadena de valor, un trabajo y unos recursos naturales que han sido necesarios para su producción".

España es el país de la UE que menos comida tira en los hogares "fruto de las campañas de sensibilización", si bien estos siguen representando el 40 % del despilfarro.

En 2024 se desperdiciaron en total 1.125 millones de kilos, un 4 % del volumen de compras tras disminuir casi un 20 % desde 2020, según el Ministerio.

Esfuerzos de la industria y la distribución

Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), su directora de Competitividad y Sostenibilidad, Paloma Sánchez Pello, ha explicado que han elaborado unas guías para ayudar a las empresas a poner en marcha los planes de prevención, pasando "de la teoría a la práctica".

En ellas se abordan aspectos como los puntos críticos en los sistemas de producción, el mantenimiento de equipos, la formación de los empleados, la digitalización y los pedidos de los almacenes.

La norma "se tiene que ver no solo como una imposición legal, sino como algo estratégico que ayuda a la reputación, la eficiencia de las empresas y la reducción del impacto ambiental", ha enfatizado Sánchez Pello.

La directora de Alimentación y Consumo de la patronal de supermercados Asedas, María Martínez-Herrera, ha afirmado que llevan muchos años trabajando en la prevención, si bien se puede hacer "un esfuerzo mayor" en su relación con las organizaciones del tercer sector.

En los municipios más pequeños, algunas de estas entidades no están tan profesionalizadas ni acostumbradas a la burocracia, según la responsable, que igualmente ve margen de mejora en la valorización energética de los residuos.

La directora de Alimentación de La Distribución Anged, María Sánchez, ha considerado un "éxito de la ley que se haya escuchado a los sectores" y ha enfatizado que, en su caso, han implicado a más de 200 proveedores en el "pacto por la transición alimentaria" y situado la generación de desperdicio por debajo del 1 %.

Esto ha sido posible por el trabajo "a todos los niveles", incluyendo la compra y el abastecimiento, la gestión de "stock", la logística, la cadena de frío y los envases, según Sánchez.

La responsable de Asuntos Públicos de la plataforma Too Good To Go, Victoria Albiñana, ha afirmado que acompañan a los operadores económicos y entidades sociales en el cumplimiento de la prevención y la jerarquía de usos, con aplicaciones tecnológicas.

En su opinión, el consumidor "ya está concienciado del desperdicio y necesita que le den soluciones", además de más recomendaciones e información.