El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos sobre sanidad animal que establecen las obligaciones de vigilancia de los titulares de las explotaciones ganaderas y aprueban la voluntariedad de que éstas dispongan de un veterinario, un plan sanitario integral y un plan de bienestar de los animales.
En un comunicado, fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han recordado que estos requisitos, ahora voluntarios, tenían carácter obligatorio desde la entrada en vigor del Real Decreto 364/2023.
Su voluntariedad, han añadido, era una de las 43 medidas acordadas el pasado año con las organizaciones Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) tras las movilizaciones agrarias.
Han indicado que, pese a la eliminación de la obligatoriedad de disponer de un plan sanitario integral, sí se mantiene el compromiso de un alto estatus sanitario de la cabaña ganadera a través del establecimiento de requisitos que deberán ser evaluados en visitas zoosanitarias que realicen veterinarios.
Han apuntado que aquellas granjas que voluntariamente cuenten con un veterinario de explotación serán consideradas con un menor riesgo sanitario.
La segunda normativa sobre sanidad animal aprobada por el Consejo de Ministros en materia de sanidad animal modifica otras tres específicas relativas a la actividad de las explotaciones porcinas, avícolas y bovinas.
En ella, también se incluye la voluntariedad de disponer de un veterinario de explotación y elimina la obligatoriedad del plan sanitario integral y del plan de bienestar animal, a la vez que adapta el contenido del sistema integral de gestión de las explotaciones (SIGE) con las obligaciones de vigilancia del titular.
Además, recoge una disposición para extender un año más el periodo de adaptación de las explotaciones porcinas a las normas mínimas de protección de cerdos, según las mismas fuentes.
