El Gobierno ha aprobado medidas para atajar los robos en las explotaciones agrícolas y ganaderas, dentro de su proyecto de ley de reforma del Código Penal.
El proyecto de ley, presentado en el Consejo de Ministros, endurece el castigo por hurtos en las explotaciones, especialmente para los reincidentes.
En virtud de la reforma, se considerará delito de hurto, independientemente de la cuantía sustraída, cuando se produzcan ciertas circunstancias, como el desamparo de la víctima y el pillaje que puede darse en situaciones de catástrofe.
También la profesionalidad, la utilización de menores de edad; y que el hurto sea de conducciones de suministros eléctricos o de cableado de telecomunicaciones.
El portar armas o pertenecer a un grupo criminal constituido para cometer delitos contra la propiedad agravarán el delito.
Para luchar contra la multirreincidencia y la delincuencia grave, el Ejecutivo prevé que, en caso de “delincuencia profesional y organizada”, se les pueda condenar con el tipo agravado, es decir, por el delito, a penas de uno a tres años de prisión.
Las organizaciones agrarias y cooperativas han valorado el endurecimiento del castigo contra los robos y hurtos en el campo, pero han pedido que se refuerce la vigilancia en las zonas rurales.
