Tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, se trabaja para mejorar esta situación, a través de medidas normativas que eviten las prácticas desleales que conducen a esa situación.

En el caso español, el Gobierno ha modificado la ley de la cadena para reequilibrar en la medida de lo posible la relación entre los distintos actores del sector agroalimentario. Recoge sanciones de hasta 100.000 euros (y un millón si se reitera) por vender alimentos por debajo de lo que cuesta producirlos. Y se endurecen las sanciones si no se cierran por escrito los contratos, en los que tienen que figurar el coste de producción.

Estas cifras se calcularán a partir de índices de referencia públicos y que tendrán en cuenta factores como semillas, energía, herbicidas, fitosanitarios o laborales. Y, por ejemplo, se ha trabajado ya en la legislación relativa a las lonjas de referencia.

Lo siguiente será transponer la norma europea. “Ahí se abordarán todos los demás aspectos técnicos que no se hayan incluido en esta primera reforma. Todo ello complementado, lógicamente, con una capacidad de autovalidación. Esta no es solo una medida del Gobierno, también el sector tiene que tener capacidad de organizarse y debe hacer una tarea de autovalidación que es muy importante, que no puede hacer ninguna administración pública. Pero desde el Gobierno vamos a modificar la ley de representación de las organizaciones agrarias, la ley de las interprofesiones, vamos a trabajar con cooperativas para ver de qué modo podemos efectivamente lograr una mayor modernización y competitividad”, ha explicado a Efeagro el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Los agricultores y ganaderos han protagonizado decenas de manifestaciones en España en este comienzo de 2020, reclamando precios justos. Y también pidiendo que administraciones, la política agraria común (PAC) y los consumidores reconozcan y valoren su trabajo, su impacto positivo en el territorio y la calidad de los alimentos que producen.

Las cifras del sector español ayudan a comprender la base del desequilibrio de la cadena. En torno a 800.000 agricultores y ganaderos. 30.000 industrias. Y decenas de empresas de distribución.

Por ello, además de las intervenciones normativas de Bruselas y las decisiones de las administraciones nacional y autonómicas, el reto de la competitividad tiene en el sector agroalimentario el nombre de innovación y la digitalización, la inversión y suficientes ayudas de la PAC, las medidas financieras, los precios justos en origen, el impulso a las organizaciones de productores o la promoción de jóvenes y mujeres en el emprendimiento en el territorio. El éxito del modelo agroalimentario español y europeo dependen de ello. EFEAGRO