El proyecto legislativo estuvo a punto de ver la luz en la pasada legislatura, pero finalmente decayó en su trámite parlamentario por la convocatoria de las elecciones generales.
Entre otros aspectos, se pretendía obligar a todos los eslabones de la cadena alimentaria a contar con planes para minimizar las pérdidas de alimentos y fije multas de hasta 500.000 euros.
También se buscaba legislar para que las empresas que estén en contacto con los consumidores firmen convenios para la donación de los excedentes.
En España se pierden 1.300 millones de litros y kilos de alimentos al año y, en el planeta, la producción alimentaria que se tira genera un 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
