El Gobierno de España va a incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 la subida del IVA de las bebidas azucaradas del 10 al 21 %, según consta en el plan presupuestario remitido este jueves a Bruselas.
Esta medida, cuyo objetivo es favorecer “hábitos más saludables”, se sumará a otros cambios fiscales ya conocidos, como la entrada en vigor de los nuevos impuestos digital y financiero, la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso -que ya ha superado el trámite de información pública- o las medidas incluidas en el proyecto de ley frente al fraude fiscal aprobado esta semana.
El impacto estimado del conjunto de medidas fiscales se sitúa en 6.847 millones de euros en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja, según consta en el plan.
Los países de la Unión Europea disponían hasta este jueves para enviar al Ejecutivo comunitario sus planes presupuestarios para el próximo año.

El sector critica la medida
Los fabricantes de refrescos consideran que la medida anunciada por el Gobierno para elevar el IVA a sus productos del 10 al 21 % tiene un “claro componente ideológico” detrás y perjudicará gravemente a un sector tan golpeado por la pandemia como la hostelería.
La patronal del sector, Anfabra, ha criticado este viernes la inclusión de dicha subida impositiva en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y ha asegurado que para bares y restaurantes puede suponer “la puntilla”, por sus previsibles efectos negativos en el consumo.
En este sentido, han recordado que la hostelería “reclama una bajada del IVA (del 10 al 4 %) que ayude a paliar las pérdidas provocadas por las constantes restricciones y los cierres, tal y como están haciendo otros países”.
“Es injusto, discriminatorio y con un claro componente ideológico. Se trata de un duro golpe a la hostelería, al consumidor y a la industria de bebidas que paga impuestos en España (más de 500 millones de euros al año) y contribuye a la activación de la economía“, han asegurado desde Anfabra, que agrupa a Coca-Cola, Pepsico o Schweppes, entre otras compañías.
El resto de la industria, también en contra
La patronal de la industria alimentaria ha calificado por su parte de “injusta y discriminatoria” la subida del IVA a los refrescos incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y ha discutido que sirva para favorecer hábitos saludables.

“La medida va a retraer de manera considerable el consumo (…) y va a impactar más gravemente a las rentas más desfavorecidas, las más afectadas por la crisis“, han advertido este viernes los responsables de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).
En un comunicado, la patronal ha censurado la actitud del Ejecutivo por considerar que la decisión de gravar con un tipo más alto las bebidas azucaradas y edulcoradas “sólo tiene un efecto recaudatorio“.
“Estas medidas no cambian hábitos y además no tienen ningún efecto probado sobre la salud ya que la obesidad y el sobrepeso tienen un origen multifactorial”, ha argumentado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, quien también ha apuntado que se trata de una “gran falta de sensibilidad con un sector como el de la hostelería, gravemente afectado por la pandemia”.
Más detalles del proyecto presupuestario
El Ejecutivo español se compromete a revalorizar las pensiones el año que viene con la inflación prevista, lo que podría dar lugar a una subida del 0,9 % -igual a la de 2020- si se toma como referencia el deflactor del PIB para 2021 incluido en el cuadro macro.
El documento contempla que la ratio de ingresos sobre el PIB se sitúe en 2021 en el 40,3 %, frente al 41,7 % de 2020, un descenso que se explica por el mayor aumento del PIB el próximo año, ya que en términos absolutos los ingresos en 2021 se incrementarán en 33.447 millones de euros.
La subida de los ingresos públicos se debe a la mejora de la economía y la actividad y, en menor medida, a las medidas fiscales que se aplicarán a partir del próximo ejercicio.
Hacienda recuerda que los presupuestos de 2021 incluirán 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE y 2.436 millones del programa REACT-EU que se destinan al Ministerio de Sanidad para repartirlo después entre los territorios para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material y equipamiento sanitario.
El documento recoge que el déficit en 2021 se situará en una tasa de referencia del 7,7 % del PIB, lo que supone uno de los mayores descensos de la serie con una caída de 3,6 puntos respecto al dato récord que se registrará en 2020.