El Gobierno ha aprobado hoy el plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales de cara a la campaña del verano y resto del año, que coordinará la gestión de medios de la administración del Estado con las comunidades frente al problema del fuego en España agravado por "la crisis climática".
Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras advertir del "potencial destructivo" de los incendios y hacer repaso de las cifras del año pasado, con las que España se situó a la cabeza en la UE en cuanto a superficie forestal quemada, con más de 300.000 hectáreas.
El número de grandes incendios forestales, es decir, aquellos que superan las 500 hectáreas, fue tres veces superior a la media de la década y, lo peor de todo, cuatro personas perdieron la vida en los incendios, ha añadido el ministro.
Ha recordado que la dirección general de Protección Civil y Emergencias constituyó a finales de abril, un mes y medio antes de lo habitual, el comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal para adelantar la campaña contra incendios y "adaptarse a las consecuencias del cambio climático".
Este comité que coordina el dispositivo estatal previsto para 2023 está compuesto por efectivos de las brigadas de incendios forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que además pone a disposición hasta once hidroaviones de gran capacidad, operados por el 43 grupo del ejército del aire y del espacio.
Asimismo, está integrado por efectivos de las unidades de seguridad ciudadana, de la agrupación de Tráfico, del servicio de Montaña, de la agrupación de Reserva y Seguridad (que se reforzará en las zonas y comandancias afectadas por incendios forestales de gran magnitud) y del servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, así como los medios de sus servicios Aéreo y Marítimo.
Estas unidades prestarán también apoyo a las labores de extinción y asimismo los equipos especializados del SEPRONA y de las unidades de Policía Judicial investigarán los incendios y elaborarán los correspondientes atestados.
Efectivos de la Policía Nacional también participan de forma activa en los planes contra incendios en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana, ha recordado el ministro.
Además, desde la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército de Tierra se participa asimismo en la lucha directa contra los incendios forestales, y la dirección general de Tráfico realiza la gestión, control e información de carreteras afectadas por fuegos y accesos a poblaciones junto con la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Por otra parte, la dirección general de Protección Civil y Emergencias canaliza las solicitudes de medios extraordinarios de las comunidades y gestiona su uso además de mantener operativa la red de alerta nacional, que distribuye información a los órganos involucrados en la gestión de situaciones de emergencia y al público en general.
De forma complementaria, el Ministerio de Justicia mantiene 201 fiscales especialistas en estas materias con carácter territorial para garantizar la rápida y eficaz persecución de posibles responsabilidades penales en incendios forestales intencionados.
También la dirección general de carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha programado actuaciones de siega, podas y despeje de vegetación, así como de vigilancia en la Red de Carreteras del Estado.
La entidad estatal de seguros agrarios (ENESA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, actúa asimismo a través del cuadragésimo cuarto Plan de Seguros Agrarios Combinados que permite cubrir el riesgo de incendio para producciones asegurables, tanto agrícolas como ganaderas.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que fija la norma básica de Protección Civil para dotar de coherencia y un funcionamiento eficiente a aspectos que deben ser objeto de planificación como los riesgos, entre otros, por inundaciones; terremotos; maremotos; volcánicos; meteorológicos o incendios forestales.
Con esta norma, el Sistema Nacional de Protección Civil actualiza su esquema normativo, en coherencia con el impulso a esta política de seguridad pública convertido en "instrumento fundamental" de cohesión territorial y social para garantizar la seguridad ante emergencias y catástrofes.
