En un comunicado conjunto, las principales entidades patronales de cada sector han señalado que este incremento de la carga fiscal podría provocar un nuevo repunte del mercado negro de máquinas frigoríficas, además de provocar una “pérdida de competitividad” de las empresas españolas.

La tasa a pagar depende del “potencial de calentamiento atmosférico” de cada uno de estos equipamientos, con un máximo de 100 euros por kilo, según se estableció en la Ley que regula este tipo de gases y que entró en vigor el 1 de enero de 2014.

Sin embargo, el Ejecutivo aprobó una moratoria para no cobrar desde el principio el 100 % del tipo establecido por cada producto, y lo redujo al 33 % en 2014 y al 66 % en 2015 y 2016.

Desde la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (entidad impulsora de esta petición) han solicitado al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, “obtener una prórroga en la aplicación del 66 % del tipo impositivo“.

“Mantener dicho porcentaje es muy importante para los sectores afectados con objeto de detener el aumento del mercado negro propiciado por la entrada de producto desde otros Estados miembros que, junto con las importaciones de fuera de la UE no controladas, se estima que pueden ser ya entre un 40 y un 50 % de los hidrofluorocarburos comercializados en España”, han denunciado.

Consenso en el sector

Las entidades patronales han alertado, asimismo, del “negativo” impacto de este impuesto en la competitividad de las empresas usuarias de instalaciones frigoríficas, especialmente supermercados y fábricas alimentarias.

La industria del frío ha argumentado que la aplicación de esta tasa “no tiene ningún efecto medioambiental”, ya que existe un reglamento europeo vinculante para todos los países que establece plazos para la progresiva reducción de estos gases fluorados, considerados contaminantes.

Fuentes de la Asociación de Empresas del Frío han explicado que en España ya se han empezado a implementar sistemas de refrigeración alternativos, como los que funcionan a base de dióxido de carbono, aunque han incidido en que este tipo de tecnologías son todavía incipientes y exigen una elevada inversión por parte de las compañías para renovar sus instalaciones.

El comunicado está suscrito por las tres patronales de la distribución (ACES, Anged y Asedas), por la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), así como por la Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España (Aldefe).