¿Cómo atajar las prácticas desleales o abusivas? La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguraba ayer que “probablemente, en este 2015, veremos nuevas sanciones” a operadores que hayan incurrido en prácticas prohibidas por la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

García Tejerina, tras reunirse ayer con representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y con Cooperativas Agro-alimentarias en el primer aniversario de esta Ley, afirmó que, a quien no cumpla la ley “no le saldrá gratis”, gracias a la acción de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

La primera, pero no última sanción

La agencia, que se constituyó en abril del año pasado, lleva más de 1.800 inspecciones para vigilar que no se cometen prácticas abusivas o, si se cometen, que sean debidamente sancionadas. “Todavía no se han terminado los expedientes sancionadores que están encima de la mesa. A lo largo de 2015 los iremos cerrando; archivando si no están debidamente fundamentados o sancionando cuando así sea”, precisó.

La ley -que obliga a realizar contratos de compra-venta, en los que figuren los precios y el plazo de cobro- cuenta con “una herramienta potente” como es la agencia AICA, adscrita al Ministerio, para velar por su cumplimiento.

García Tejerina destacó que, tras el verano, las inspecciones se centraron en las frutas y hortalizas, con un plan de control específico para evitar que las perturbaciones originas por el veto ruso repercutieran también en el mercado nacional. “Estamos trabajando de una forma especial” en los sectores de la leche y el aceite de oliva, porque son los más utilizados por la gran distribución como producto reclamo, apuntó.

Sistema de alerta de bajos precios

El Gobierno ha puesto en marcha un protocolo de actuación para detectar cuando se alcanzan precios anormalmente bajos, lo que conlleva la recogida de muestras en los lineales y un análisis sobre las razones que los motivan, para luchar contra la venta a pérdidas y prácticas prohibidas por la ley.

Si hay irregularidades, la AICA analizará los expedientes e impondrá en su caso las correspondientes sanciones o trasladará la incidencia a las comunidades autónomas si son ellas las competentes.

El objetivo del Gobierno con esta Ley es hacer todo lo que esté en su mano para que determinadas prácticas comerciales no mermen el potencial ni de productores, ni de industrias, y que “esto redunde en mejores precios para todos los eslabones de la cadena”.

Un mediador y un código de buenas prácticas, en la nueva ley

En el mes de febrero -o marzo como tarde-, está prevista la aprobación del real decreto que desarrollará la ley y recogerá la figura del mediador -que actuará cuando no haya acuerdos en los precios- y un código de buenas prácticas mercantiles.

Y la ministra tiene la impresión de que están cerca de alcanzar un acuerdo sobre este código y confía en poder anunciarlo y presentarlo en breve.

“Un momento muy importante, porque desde el sector de la producción hasta la distribución, pasando por la industria, nos habremos puesto de acuerdo para acomodarnos a unas buenas prácticas comerciales”, zanjó la ministra.

¿Qué hacen las CCAA?

El sector agrario valora la determinación de la ministra pero pide la misma actitud en las comunidades autónomas, que tienen transferidas algunas de las competencias claves para inspeccionar y aplicar sanciones.

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