Las macrogranjas ganaderas también se han asomado a la recta final de la campaña electoral de cara al 28-A con posiciones en contra o permisivas pero según bajo qué condiciones.
Efeagro ha consultado a los principales partidos políticos y al sector agrario y cooperativo su posición sobre este asunto, que adquirió especial relevancia pública tras conocerse la intención de una compañía de instalar una macrogranja de vacuno de leche en Noviercas (Soria), con cabida para 20.000 vacas y 180 millones de litros de leche producida al año.
La defensa de la agricultura familiar, el respeto a las normativas medioambientales y sostenibles, o la lucha contra el desarrollo rural figuran en su argumentario a favor y en contra.
Las principales formaciones con representación parlamentaria no se oponen, en líneas generales, a las macrogranjas siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
PP
– Defiende estas instalaciones siempre que se cumplan las normativas existentes para ello.
– Admite que las macrogranjas pueden aportar “problemas añadidos”, especialmente de índole medioambiental, pero para superarlos apuestan por modificar la legislación que sea necesaria.
– Partidario de compatibilizar ese modelo de macrogranjas con una ganadería tradicional y moderna.
PSOE
– No se opone a las macrogranjas. Cree que lo idóneo es estudiar las circunstancias y necesidades de cada territorio para determinar si su instalación es beneficiosa o aporta más inconvenientes que ventajas.
– Respeto a la normativa vigente a la hora de dar luz verde a la construcción de una instalación de estas características.
– Estima que puede ser una alternativa al cierre de pequeñas granjas acuciadas por la falta de rentabilidad y al sacrificio laboral que acarrean al tener que acudir todos los días del año.
Unidas Podemos
– No explicita su posición sobre las macrogranjas.
– No obstante, centra su defensa en los pequeños y medianos productores a los que considera “imprescindible” proteger, ya que ejercen labores de “suma” importancia para el mantenimiento de los ecosistemas y el paisaje, o la producción del 70 % de los alimentos que se consumen.
– Pide que la Política Agraria Común (PAC) los proteja con más fuerza y de una forma proporcionada a sus necesidades económicas.
Ciudadanos
– A favor de permitir la construcción de este tipo de instalaciones si se cumplen los requisitos pertinentes.
– Piensa que la actividad agroganadera debe ser sostenible desde los puntos de vista medioambiental, económico y social, y si se cumple no ve objeción en su instalación.
– Una explotación que cumpla esos requisitos (con la preceptiva declaración de impacto ambiental) debería poder operar independientemente de su tamaño.
Entre las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias, las posiciones son más variadas y van desde el ‘sí, pero con condiciones’ al rechazo:
Cooperativas Agro-alimentarias
– No se opone a las macrogranjas siempre que las administraciones les den el visto bueno en base a los requisitos exigidos.
– Para determinar su construcción hay que atender a los criterios de sostenibilidad económica, medioambiental y social.
Asaja
– No ve inconveniente para esas instalaciones siempre que la legislación y la normativa existente lo permitan.
– Cree que los aspectos medioambientales y sostenibles son fundamentales a la hora de tomar la decisión.
COAG
– En contra de las macrogranjas. Defiende un modelo profesional y social de agricultura que engloba a las explotaciones familiares, las cooperativas y las pymes.
– Apunta a que tras macrogranjas como la de Noviercas (Soria) hay grandes compañías de capital ajeno al sector agrario, que tienen un carácter especulativo contrario a las necesidades de sostenibilidad del medio rural.
UPA
– Rechazo a las grandes instalaciones ganaderas. Apuesta por la agricultura familiar cuyos intereses, según asegura, “nunca coinciden con las macromagnitudes”.
– Bajo su punto de vista, las macroexplotaciones están poco ligadas al territorio y en ellas no hay cabida para la implicación familiar.
