Los armadores y las organizaciones ambientalistas consideran que hay asignaturas pendientes. como la falta de etiquetado en la distribución al consumidor o los controles a las importaciones. Así lo han declarado a Efeagro con motivo del Día Internacional contra la Pesca Ilegal, que se celebra este viernes.

En España, el sector y las organizaciones ambientalistas creen que los retos están en un etiquetado que informe al consumidor o incluso en la nueva Ley sobre el Control pesquero que tramitan las Cortes.

La competencia desleal del trabajo forzoso

El director gerente de Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), Julio Morón, ha insistido en la competencia que afronta la flota española por los barcos de países como China o Corea, cuyas tripulaciones sufren trabajo forzoso, "no tocan puerto en una año" y descargan en alta mar con poco control.
Morón, también presidente de la patronal de armadores Cepesca, ha reconocido que "se ha estrechado" el círculo contra la pesca ilegal dentro de la Unión Europea (UE), pero "queda mucho" para convencer y concienciar al consumidor de forma que solamente compre alimentos de la pesca responsable.
Opagac ha impulsado la iniciativa "Hands for the Oceans" (en inglés, manos para los océanos), con el fin de impulsar actuaciones para garantizar prácticas sociales "justas" y promocionar la certificación Atún de Pesca Responsable (APR) con los derechos laborales, que tienen 60 barcos con capital español de ocho países.
Sin embargo, solamente hay una marca conservera que ahora se mantiene en el mercado español con ese certificado, ha añadido.
Los armadores también reivindican que en los acuerdos comerciales de la UE con México, Indonesia o Tailandia -en negociación- se exijan a sus productos pesqueros unas condiciones mínimas laborales.
En la misma línea, la organización Environmental Justice Foundation (EJF) ha publicado esta semana una nueva investigación que habla de destrucción ambiental y abusos contra los derechos humanos en la industria del calamar mundial, y ha puesto de manifiesto "los vacíos actuales" en la gobernanza marina.

Como ejemplo ha apuntado que España solamente verificó dos de cada mil certificados de captura de calamares entre 2020 y 2023, si bien ha reconocido que es uno de los países con mejor desempeño en cuanto a vigilancia de la pesca.
Al respecto, fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han declarado a Efeagro que hay que contextualizar este dato, porque España analiza todos los expedientes de importación, pero las verificaciones del informe de EJF se refieren a cuando se pide al tercer país de bandera que a su vez verifique el certificado.

El control en España

El control en España contra la pesca ilegal combina, según las fuentes ministeriales, una unidad de inteligencia que controla "el cien por cien" de los expedientes de importación, un cuerpo de inspectores, convenios con la Armada y la Guardia Civil, equipos que funcionan las 24 horas y una actividad digitalizada.
Además, las Cortes tramitan el proyecto de la nueva Ley de Control Pesquero.
En ese sentido, la directora de campañas de Oceana en Europa, Vanya Vulperhort, ha asegurado que España "tiene una oportunidad decisiva para reforzar su liderazgo y garantizar que se pueda sancionar a quienes realmente están detrás de la pesca ilegal y operen con pabellones de países extranjeros".
Oceana y otras ONG (ClientEarth, Ecologistas en Acción, EJF, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife) han pedido que la ley obligue a recopilar información sobre los titulares reales de todos los buques españoles, independientemente del pabellón bajo el que operen, según Vulperhort.
"La pesca ilegal prospera gracias a la opacidad; sin transparencia, quienes incumplen pueden seguir lucrándose impunemente, mientras se perjudica a los pescadores que operan de forma legal y se pone en riesgo el futuro del océano", según Vulperhort.