La labor no se antoja fácil por las numerosas derivadas que tienen impacto en este sector, desde el cambio climático a los conflictos bélicos, las políticas comunitarias o la falta de relevo generacional.

Son factores que van desde lo local a lo global, y que hacen complejo un perfecto engranaje entre los actores económicos, a pesar de los denodados intentos por conseguirlo, como refleja la reforma reciente reforma de la Ley de la Cadena.

Se trata de una norma transversal para conseguir que los precios se formen de abajo hacia arriba (del productor al distribuidor), que todos logren rentabilidad en sus transacciones comerciales y que el consumidor tenga acceso a alimentos sanos, variados y a precios asequibles.

Una gran intención pero ahora, tras la última y ambiciosa reforma de esta Ley de la Cadena durante la legislatura pasada, toca velar por su cumplimiento.

Más allá de esos objetivos comunes, cada eslabón tiene a su vez sus prioridades que, a buen seguro, harán saber al nuevo Ejecutivo.

Sector primario

Los productores, más allá de su pasión por el sector, buscan poder vivir de él y para eso es necesario que sea rentable, por lo que seguirán demandando políticas que incidan en la sostenibilidad económica y flexibilidad a la hora de implementar requisitos medioambientales y de adaptación a las nuevas tecnologías, como el cuaderno digital de campo.

A pesar de que la gestión agrícola y pesquera depende en gran medida de las decisiones de Bruselas, a escala nacional el Gobierno tiene margen para decidir cómo distribuye muchos fondos europeos para el sector primario.

Al Ejecutivo, el sector le pide una Ley de agricultura familiar, prometida por Pedro Sánchez, en su investidura como presidente, que priorice a la pequeña y a la mediana empresa para defender un tejido socio-económico esencial en el campo.

Una mejor gestión de los recursos hídricos con una política nacional de aguas coherente o la petición de que los alimentos importados cumplan los mismos requisitos que las producciones nacionales y comunitarias, para competir en igualdad de condiciones, seguirán estando en la agenda de los agricultores españoles en esta nueva legislatura.

La industria y su agenda

El siguiente eslabón, la industria transformadora de alimentación y bebidas, ya avanzó antes de las elecciones que quiere una legislatura con medidas legislativas y fiscales que permitan al sector seguir impulsando la economía española.

La industria arranca una nueva etapa en la que se aprobará presumiblemente la ley contra el desperdicio alimentario -que se quedó en puertas con la convocatoria electoral-, de la que comparten sus objetivos pero ya expresaron su preocupación en algunos aspectos de la norma.

Además, está interesada en una bajada general del IVA a un mayor número de alimentos y bebidas.

Entre sus prioridades más inmediatas, según sus prioridades marcadas antes de la cita electoral, cambios en la Ley de Morosidad y en la Ley general de Subvenciones; e incluso volver a modificar algunos aspectos de la Ley de la Cadena, como el relativo al “coste efectivo del productor”.

La distribución

En el sector de la distribución al consumidor final y, en la línea con el anterior eslabón, la ampliación del IVA a más alimentos seguirá estando entre sus prioridades, así como una mayor racionalidad en la presión fiscal derivada de normativas como el impuesto al plástico que a su juicio no debería haber entrado en vigor en las circunstancias actuales.

Ya adelantaron antes de las elecciones que buscarán un diálogo permanente con el nuevo Ejecutivo para que consigan un acceso a insumos -como la energía- a precios competitivos y más facilidad para conseguir aquellas materias primas que suelen sufrir cuellos de botella.

Conscientes de que la inflación permanente está afectando al bolsillo de sus clientes y, por eso, entre sus objetivos está el de proponer a las administraciones que desarrollen más medidas para los consumidores más vulnerables.

El consumidor final

El gasto en la cesta de la compra es una de las facturas más importantes y constantes a las que un hogar tiene que hacer frente, principalmente desde el récord de inflación alcanzado en los últimos años.

Por eso, los consumidores y sus federaciones seguirán velando para que las bonificaciones fiscales continúen y se amplíen en un contexto como el actual a la vez que se facilita el acceso a alimentos saludables y de calidad.

Unos consumidores concienciados que pedirán avances para conseguir etiquetados más claros sobre los alimentos; así como políticas que potencien la defensa del cliente frente a fraudes.