El sector del aceite considera positivo el informe aprobado por el Observatorio de la cadena alimentaria sobre el aceite de oliva virgen extra (AOVE), si bien matiza sus conclusiones. Los productores sostienen que existen desequilibrios y la industria niega que el estudio refleje la rentabilidad.
En declaraciones a Efeagro, el director de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín Herrero, se ha mostrado a favor de que el sector disponga de ese informe, aunque ha observado que “los precios percibidos por los agricultores eran más altos que en la realidad”.
Según el citado estudio, aprobado ayer, en la campaña 2019/20 los olivareros incurrieron en pérdidas por valor de 0,63 euros/kilos y los almazareros, en pérdidas de 0,28 euros/kg; en contraste con la industria del envasado, que obtuvo un beneficio antes de impuestos de 0,49 euros/kg, y la distribución comercial, con beneficios antes de impuestos de 0,18 euros/kg.
El análisis muestra que el precio de venta de los olivareros representó el 59,87 % del precio de venta al público del aceite de oliva virgen extra, sin contar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Para Herrero, “el margen negativo que aparece en la fase de almazara en todo caso será positivo o igual, porque las almazaras cubren sus costes y no trabajan a pérdidas; y el margen en la fase de envasado es totalmente excesivo, debería ser entre 10 y 15 céntimos por litro”.
Las cooperativas, que han transmitido esas observaciones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), esperan igualmente que se amplíe la muestra para las próximas actualizaciones de datos.
Por un reparto mayor de los beneficios
El técnico de la cadena alimentaria de Asaja, José Ramón Díaz, ha apuntado que el informe aprobado es una “actualización interesante” tras el último elaborado en 2007 y recoge conclusiones “que en cierto modo se intuían en la producción, pero no tanto en las almazaras, que están más presionadas por los operadores”.
Díaz ha asegurado que este tipo de estudios tendrán que jugar “un papel importante con la nueva ley de la cadena alimentaria”, que está siendo debatida en el Parlamento.
“Proponemos un mayor reparto de los beneficios que se puedan generar a lo largo de la cadena y suprimir o limitar mucho las ventas a pérdidas a lo largo de la misma porque éstas suponen que el operador siguiente las trasladan al anterior y así hasta llegar al agricultor”, ha señalado el experto de Asaja.
El responsable técnico del sector del olivar de COAG, Carlos Mateos, ha aseverado que el estudio refleja, en líneas generales, “una imagen fiel de lo que ha ocurrido” en las últimas campañas y muestra un “desequilibrio por parte de la producción, sobre todo olivareros y almazaras, que pierden dinero frente al resto de eslabones”.
Mateos ha precisado que la metodología puede mejorarse para cuantificar mejor las pérdidas en cada eslabón ya que, a su juicio, “están un poco sobrevalorados los precios pagados a los productores”.
También ha aludido a la simplificación realizada en función de los tipo de explotaciones, porque resulta “irreal” no recoger la división en parcelas, algo que ocurre en casi todas las fincas y eleva los costes, entre otras apreciaciones.
La organización agraria UPA ve un “hito” este informe y ha confiado en que sea una “herramienta fundamental” para que los olivareros logren precios justos por su trabajo.
El responsable de olivar de UPA y secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, ha señalado que el informe prueba que “es posible” comercializar aceite de oliva virgen extra por encima de los costes de producción en el olivar tradicional y “demuestra” que la cadena de valor del aceite sufre de “graves desequilibrios”, ha señalado.
El eslabón inicial, la producción de las aceitunas, genera alrededor del 70 % del valor total de la cadena, “y sin embargo sólo recibe el 59 % del precio total, lo que supone trabajar a pérdidas si se analizan las dos campañas objeto del estudio (2018/19 y 2019/20) años en conjunto”.
Considerar otros factores
La Asociación Nacional de Industrias Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) ha precisado que el último estudio sobre la cadena del aceite de oliva virgen extra (AOVE) no es “prueba de rentabilidad” para el sector, aunque ha destacado el “gran esfuerzo” realizado por el sector para recopilar los datos, que sirven para identificar aspectos que permitan mejorar el funcionamiento de la cadena con decisiones “tanto públicas como privadas”.
El director de Anierac, Primitivo Fernández, ha afirmado que los datos correspondientes a la campaña 2019/20 difieren de los del periodo 2018/19 y en ningún caso se trata de “estudios de rentabilidad”, puesto que para eso hay que “considerar otros factores”.
Como ejemplo, ha recalcado que se han excluido de los cálculos las subvenciones al olivar y otras ayudas que puedan percibir los olivareros, que en la realidad sí se benefician de pagos como los de la Política Agraria Común (PAC).
El responsable de la patronal de industriales y envasadores de aceite ha señalado que “en cada campaña la situación varía de manera notable” y el volumen de producción en cada una de ellas es “fundamental para calcular los costes” de los agricultores y las almazaras, al tiempo que los costes de las empresas envasadoras también pueden ser muy diferentes en función de su tamaño.