En una entrevista telefónica con Efeagro, el presidente de Fesbal, Pedro Llorca, destaca que los bancos de alimentos "siempre han sido los grandes abanderados de la lucha contra el despilfarro" a partir de la recuperación de los excedentes alimentarios.

"No es de recibo que estemos destruyendo alimentos que se pueden consumir y, para evitarlo, los productores, distribuidores y transformadores tienen que cumplir con una serie de requisitos", afirma Llorca.

A su juicio, el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, sujeto a tramitación parlamentaria, les "facilitará" la recogida de excedentes de la industria y distribución alimentaria.

"Tendremos que firmar convenios de colaboración con las empresas que nos van a donar", que deberán establecer las cantidades disponibles y su fecha de caducidad próxima, apunta Llorca.

De ese modo, los bancos de alimentos podrán analizar su capacidad para hacerse cargo de esos productos y distribuirlo entre las entidades benéficas, que atienden directamente a las personas necesitadas.

Fesbal está desarrollando una plataforma digital con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma y optimizar la gestión de los excedentes, para lo cual ha recibido una subvención de 1,3 millones de euros con cargo a los fondos de recuperación europeos.

Cambios en el sistema

Mientras, se estima que los bancos de alimentos dejarán de percibir este año 24 millones de kilos (un 20 % de lo que distribuyeron en 2023) por los cambios en el sistema de distribución de reparto de ayuda alimentaria para personas vulnerables.

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que sustituye al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), reemplaza la entrega de alimentos directa por tarjetas monedero a familias con hijos menores de 15 años, una ayuda que será distribuida exclusivamente por Cruz Roja.

Según Fesbal, el 84 % de quienes accedían a alimentos a través del FEAD no cumple los nuevos requisitos, de forma que el sistema deja fuera a más de 350.000 familias y cientos de miles de personas.

Entre ellos hay muchas personas en situación de pobreza sin hijos y sin hogar, explica el presidente de la federación.

Tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, encargadas de gestionar las tarjetas monedero, están buscando soluciones para evitar que los más vulnerables dejen de recibir la ayuda alimentaria, empezando por ampliar el periodo de transición.

Foco en campañas y donaciones

"Nosotros no podemos garantizar que vayamos a cubrir a todos los que se quedan fuera porque dependemos mucho de las donaciones y de las campañas que seguimos realizando a lo largo de todo el año", apoyándonos en la responsabilidad social corporativa de las empresas, asegura Llorca.

En mayo se celebró la Recogida Primavera y -aunque no todavía no disponen de los datos definitivos- el objetivo era recaudar 4 millones de kilos de alimentos básicos.

El presidente apunta que "da la sensación de que la donación ha bajado un poco", entre otros motivos por la inflación alimentaria, que ya impactó en el descenso del 7,5 % de los alimentos que repartieron los bancos de alimentos en 2023 (un total de 104,2 millones de kilos).

En Fesbal ya están trabajando en la Gran Recogida de noviembre para "reaccionar rápidamente y atenuar el impacto negativo que puede tener en las familias esta situación".

"No podemos hacer que la sociedad se canse con las campañas. Es fundamental que la sociedad nos ayude a resolver esta cuestión. Como siempre, estamos poniendo toda la carne en el asador para atender las necesidades de 1,2 millones de personas en situación precaria", añade Llorca.

Según sus últimas estimaciones, la recogida física de alimentos ha crecido frente a la caída de las donaciones económicas y, si bien en la federación respetan la voluntad del donante, su presidente reconoce que estas últimas les permiten comprar lo necesario para evitar la rotura de "stocks" y garantizar más variedad de alimentos.

Llorca resalta la labor de los voluntarios de los bancos de alimentos, que reciben la mercancía, la clasifican por fecha de caducidad y participan en su reparto, vital para ayudar a ese 9 % de la población española que sufre "carencia material y social severa".