Las explotaciones agrarias son empresas, pero con algunas peculiaridades que se trasladan a las operaciones de financiación.

En primer lugar, los ingresos que obtienen pueden ser muy diferentes por años, debido a las condiciones climáticas, a las variaciones de la producción o a otras cuestiones de mercado. Otra diferencia destacable es el tiempo para los cobros y los pagos. En términos generales, los productores agrarios reciben su renta cuando venden sus productos, al finalizar la cosecha, mientras que los pagos se concentran al principio de la misma.

“Eso hace que hay una mayor necesidad de financiación”, explica e presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Miguel Ángel Riesgo. Las entidades bancarias se han adaptado a estas necesidades, conscientes de la potencialidad del sector, especialmente en el caso de cajas y bancos con presencia destacada en el territorio.

La PAC, una aval que llega desde Europa

Uno de los principales avales y estabilizadores de la renta de los productores son los fondos que llegan desde la Política Agraria Común. Sólo en España suponen un montante de 5.000 millones de euros en ayudas directas. “El hecho de que los agricultores vayan a cobrar la PAC supone que las entidades financieras conceden sus créditos de una manera más fácil”, asegura Riesgo. Y por este motivo todo el sistema de organismos pagadores trabajan par que los pagos “lleguen en plazo, a los agricultores que los merecen, y sin ningún tipo de problemas ni de fraudes”.
La normativa comunitaria también ha desarrollado otras medidas de financiación, como Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC), una herramienta novedosa que busca favorecer la gestión de algunos fondos europeos, en el actual periodo de programación.
Su objetivo es paliar las dificultades de acceso a la financiación privada con actividad económica ligada al medio rural, de manera que se complementan las ayudas a fondo perdido con el apoyo a inversiones financieramente viables, pero que no consiguen financiarse a través del mercado. En España se encuentra en el actual Marco Nacional de Desarrollo Rural, por su potencial para el apoyo a los diferentes programas de las Comunidades Autónomas que pueden adherirse al mismo y se gestiona a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)

También gracias a la PAC se pueden conseguir fondos en el segundo pilar, el del desarrollo rural, para inversiones en activos físicos -que permiten mejorar la explotación, la comercialización y la producción-, inversiones para medidas forestales y las inversiones o ayudas para la instalación de jóvenes agricultores.

Los jóvenes agricultores

Es una primera financiación que está siendo “fundamental”, señala Riesgo y que sólo en España ha permitido dar derechos de pago básico a 13.000 agricultores en los últimos años. Sin embargo, en opinión de los productores, “no es suficiente”, tal y como defiende el agricultor castellomanchego Lorenzo Rubio. “Los bancos y la administración están ayudando algo”, apunta, pero cuando hay que empezar de cero, par hacer frente a la compra de tierra o de maquinaria las ayudas “no son muy grandes” y hay que “meterse en un préstamo con una banco o un caja”.

Para ayudarles a gestionar todo esto, las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias prestan su servicio de asesoramiento. El asesor financiero de Cooperativas Agro-Alimentarias en Castilla-La Mancha, Sergio Hurtado, apunta que “las consejerías y las distintas administraciones públicas están apostando por los jóvenes para que tengan su forma de vida, dentro de la agricultura” a través de una serie de subvenciones que desde estas oficinas ayudan a gestionar, de cara a conseguir arrancar estos proyectos y hacerlos viables en el tiempo.

La Unión Europea tiene un importante reto, el del relevo generacional en el sector primario y, por ello, prevé mantener e incluso incrementar las ayudas para favorecer su instalación y garantizar así el futuro para la producción de alimentos de calidad.