La Plataforma Tierra de la Fundación Cajamar ha celebrado un seminario virtual, para debatir sobre las prioridades en el reparto de los fondos de la PAC, en un momento en que la Unión Europea (UE) negocia su presupuesto para 2028-2034. Tres expertos han defendido cambios radicales para que las explotaciones españolas sobrevivan y sean rentables, entre los que han abogado por excluir a los jubilados del cobro de la ayuda a la renta.

El economista Francesc Reguant, experto en sistemas agroalimentarios, la catedrática e investigadora del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM) de la Universidad Politécnica de Madrid, Isabel Bardají, y el ingeniero agrónomo Joaquín Olona, exconsejero de Agricultura de Aragón, han defendido propuestas muy rotundas.

Los tres han coincidido en que el régimen actual de la PAC está dificultando el relevo generacional y en que hace falta primar a los agricultores profesionales limitando las ayudas a los "extremos" -a aquellas explotaciones pequeñas cuyos propietarios no se dedican al sector y a los grandes perceptores a partir de un techo-.
Por ello, han pedido la exclusión de los jubilados de las subvenciones a la renta, suprimir los derechos históricos individuales por hectárea y medidas para compensar a las zonas con dificultades territoriales.

A favor de abandonar "argumentos románticos"

Reguant ha abogado por abandonar "argumentos románticos" sobre el tamaño de las explotaciones y centrar el reparto en que se prime a los profesionales y a quien realmente necesita las ayudas.
A su juicio, el "vínculo" de las ayudas "a la propiedad de la finca" las ha transformado de forma "impropia" en un complemento de la jubilación y ha "bloqueado" el relevo generacional.

Respecto a las pequeñas explotaciones, ha defendido que necesitan proyectarse a la "cooperación"; también ha propuesto un "fondo de equilibrio agrorrural para empresas en situaciones de dificultad física", que recibirían apoyo según datos como por ejemplo un mayor o menor secano o si están en zonas de montaña.
Al respecto, ha opinado que la ayuda debería estar condicionada a la obtención de renta y también ha propuesto primar sinergias entre el ámbito agrario, forestal, el turismo y la gastronomía, para que el productor no haga gestiones "en 20 administraciones".

Dirigir las ayudas a las medianas explotaciones

Bardají ha opinado que una opción "dura" es dirigir el apoyo a las "explotaciones medias", eliminar las ayudas a las pequeñas y poner un techo a las grandes, que se situara en un tope de 100.000 euros por perceptor.
Ha planteado establecer cinco regiones en la distribución de la PAC y aplicar una "tasa plana" para cada una de ellas (dos de secanos, dos de regadíos y pastos), eliminando los derechos individuales.
Esas ayudas serían "degresivas" según el tamaño y decrecientes en el tiempo y se podrían complementar con pagos a la provisión de bienes públicos en zonas vulnerables.

La PAC, la reforma "permanentemente aplazada"

Olona ha defendido una redistribución del presupuesto, porque con el régimen actual hay términos "perversos" y, por ejemplo, se llama pequeños agricultores a pequeños perceptores de ayudas, que en muchos casos "son propietarios ajenos a la actividad agraria".
Ha dicho que los partidos políticos no quieren abordar el cambio del reparto de las ayudas, por no tener el apoyo del sector y que la PAC es "la reforma permanentemente aplazada", mantiene anomalías, además de no solucionar los desequilibrios de renta.
Olona ha propuesto una "renta mínima" personal y que las compensaciones se den teniendo en cuenta el IRPF y al "renta de referencia" que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ha abogado por el "modelo familiar" de agricultura pero que se caracterice por su dimensión empresarial y por la "prestación de servicios".