Multa de 79 millones por los falsos autónomos a Glovo, que recurrirá

Publicado por: Efeagro 21 de septiembre de 2022

La Inspección de Trabajo comenzó el pasado lunes a notificar actas de infracción y liquidación a la empresa Glovo en Barcelona y Valencia, que suponen la imposición de casi 79 millones de euros en multas por tener a 10.614 trabajadores como falsos autónomos.

Según Glovo, se trata de una resolución de Trabajo contra la que la empresa tiene que presentar alegaciones y, en ese sentido, la compañía tiene previsto recurrirla.
Las mismas fuentes han detallado que la sanción no está relacionada con la Ley Rider, porque el período inspeccionado comprende desde 2018 hasta el 11 de agosto de 2021, fecha de entrada en vigor de la normativa.

Tal y como adelantaba este miércoles la Ser y ha podido confirmar Efe, con dichas actuaciones la Inspección de Trabajo habría sancionado a Glovo con 63,2 millones de euros en Barcelona y con 15,7 millones en Valencia.

En las actuaciones inspectoras llevadas a cabo sobre Glovo en Barcelona se ha constado la relación que une a la empresa con, al menos, 8.331 empleados, hasta ahora trabajando como autónomos.

En concreto, se ha levantando un acta de infracción por ocultar la relación laboral de estos trabajadores y, por consiguiente, por no haberlos dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social, lo que ha conllevado una multa por importe de 39,06 millones de euros.

Asimismo, la Inspección ha levantado un acta de liquidación por la falta de cotización a la Seguridad Social de la empresa por estos trabajadores, con una sanción por importe 24,16 millones.

En Valencia, la Inspección ha confirmado la relación laboral con 2.283 trabajadores y ha procedido a levantar un acta de infracción por 10,7 millones de euros y una de liquidación por 5,05 millones de euros, al tiempo que ha impuesto una sanción por obstrucción a la labor inspectora que asciende a 2.500 euros.

En las actuaciones realizadas en esta ocasión la Inspección ha llevado a cabo entrevistas con la empresa y con los trabajadores, y ha examinado todo tipo de documentación con trascendencia para la verificación del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social.

Asimismo, ha acreditado que la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores sino una empresa que presta servicios de reparto y mensajería fijando las condiciones esenciales de prestación de dicho servicio.

La Inspección ha constatado que en la relación entre la empresa y los repartidores concurren las notas de dependencia y ajenidad propias de la relación laboral.

En lo que va de año Glovo suma ya 42,2 millones de euros en liquidación de cuotas a la Seguridad Social y otros 84,4 millones por infracciones, a lo que se suman sanciones por 14.000 euros en dos actas de obstrucción a la labor inspectora.

 

Los repartidores, el foco legal de un negocio que mueve 3.000 millones

Glovo, la plataforma de reparto a domicilio que se opuso a la norma que acaba con los repartidores autónomos ha sido castigada por desobediencia; son las condiciones laborales de los repartidores el foco legal de un negocio que mueve casi 3.000 millones de euros al año.
Es la cifra que según datos de The NPD Group se han gastado los españoles (2.990 millones de euros, exactamente) en pedir comida de restaurantes a domicilio (no incluye el gasto en pedidos a supermercados), desde que en agosto del pasado año entrara en vigor la nueva ley, que obliga a las empresas de reparto a contratar como asalariados a sus "riders" para acabar con los "falsos autónomos".

Repartidores con mochilas de Glovo y Ubereats descansan en la calle. Efeagro/ J.L. Cereijido

Las empresas que llevan a casa estos repartos son plataformas digitales que se benefician de la capacidad de expansión que proporciona este entorno, un fenómeno de economía colaborativa y comercio electrónico de rápido desarrollo que en muchos casos no encuentra encaje en las legislaciones actuales.
Se trata de servicios profesionales bajo demanda que suelen ser acusados de competir deslealmente con el comercio tradicional, ya que sus compañías pagan pocos impuestos en relación a sus ingresos, y en el ámbito laboral las condiciones de los trabajadores están muy cuestionadas.

La ley rider, un cambio en el estatuto de los trabajadores

La ley es en realidad una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores que entró en vigor en agosto de 2021 y que recoge la "presunción de laboralidad" en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.
Esto significa que la normativa entiende que los repartidores autónomos, como personas que prestan servicios retribuidos a una empresa bajo control y subordinación de la misma, son en realidad personal con relación laboral con esa corporación.

Las reacciones de los afectados

 

Un año después de su entrada en vigor, la última estimación de empleo de la patronal Adigital cifra en 29.300 los repartidores que habrían pasado de autónomos a asalariados, pero siguen abiertos casos judiciales con las empresas.
En lo respecta a los repartidores, no a todos les gustó la ley y algunas asociaciones de estos trabajadores se manifestaron reclamando poder seguir siendo autónomos, porque de esa manera pueden escoger cuándo trabajar, priorizando los momentos de alta demanda para obtener mayores ingresos.
Los repartidores también ven con miedo que el destino de muchos de ellos es la subcontratación por terceras empresas, algo que sí permite la ley y que consideran un modelo mucho más precario.

Un asunto candente también en Europa

La situación laboral de los repartidores ha estado siempre en el punto de mira, considerada por lo general inestable, precaria y sin una regulación clara, dependiente en muchos casos de sentencias judiciales concretas, tanto en España como en el extranjero.
Así, por ejemplo, dos fallos en Reino Unido y uno Francia consideraron a los repartidores de Deliveroo como freelancers.
En diciembre del año pasado, la Comisión Europea (CE) presentó un proyecto de directiva que contiene con cinco criterios para determinar si los empleados de estas plataformas digitales son efectivamente trabajadores de plantilla, con el objetivo de evitar la proliferación de falsos autónomos.
Si se cumplen al menos dos de ellos, se considerará que la plataforma emplea al trabajador y que este forma parte de la plantilla de la empresa.
Los criterios que plantea Bruselas son que la empresa establezca el nivel de la remuneración; que supervise la elaboración del trabajo mediante medios electrónicos; que restrinja la libertad para elegir las horas de trabajo; que establezca normas vinculantes sobre el aspecto; y que restrinja la posibilidad de que el empleado construya una base de clientes o trabaje para otras compañías.
Según la CE, alrededor de 28 millones de personas trabajan en plataformas digitales en la Unión Europea y, de esa cantidad, 5,5 millones de individuos pueden no tener reconocido el estatus laboral que les corresponde.

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