El campo y el sector agroindustrial de Extremadura recibirán por ley el 25% del presupuesto regional, merced a la nueva Ley Agraria de esta comunidad autónoma con la que, según su Ejecutivo, se pretende impulsar un modelo agrario "innovador y competitivo".

De hecho, la Ley pretende dotar a estos sectores extremeños de "una capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos que deben afrontar en un contexto cada vez más global y liberalizado", como son la adaptación a los marcos políticos comunitarios, la exigencia de una gestión sostenible de los recursos, las expectativas del consumidor en orden a la calidad alimentaria, o la progresiva incorporación a la sociedad de la información.

El Parlamento extremeño ha aprobado esta semana, con el voto favorable de Gobierno regional (PP), y la abstención de los regionalistas (PREX-CREX) e IU, el proyecto de Ley Agraria, que refunde en un solo texto toda la normativa existente y que blinda el 25% del presupuesto regional para destinarlo al campo.

Un campo para el siglo XXI

Lograr "un campo moderno, competitivo y del siglo XXI" es el objetivo que se marca esta ley, a la que se han incorporado varias enmiendas presentadas por los regionalistas, como la regulación de la actividad del rebusco y la promoción de la agricultura ecológica, entre otras.

La población que se dedica a la actividad agraria en Extremadura está en torno a las 70.000 personas, de las cuales 58.000 lo hacen por cuenta ajena y unas 10.500 por cuenta propia. Ambos grupos son ejes básicos en la mejora de la competitividad y en el fortalecimiento del potencial de este sector en Extremadura.

La población que se dedica a la actividad agraria en Extremadura está en torno a las 70.000 personas

La ley se estructura en un Título preliminar y nueve Títulos divididos en Capítulos, dieciséis Disposiciones adicionales, entre ellas la que dispone que Extremadura destinará el 25% por ciento del importe total de sus Presupuestos Generales a los sectores agrario y agroalimentario y al medio natural, once Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y quince Disposiciones finales.

En el ámbito de las producciones agrícolas y ganaderas se prevén la recomendación de prácticas beneficiosas para la agricultura y la ganadería, la necesaria protección del suelo de valor agrícola y ganadero, el desarrollo de la agricultura y la ganadería en zonas con limitaciones medioambientales y la liberalización del aprovechamiento de hierbas, pastos y rastrojeras, entre otras.

Por lo que respecta a la ordenación sanitaria de las producciones agrícolas y otros vegetales, se diseña un marco normativo -como así recoge el texto- en materia de protección e información fitosanitaria, prevención y protección integrada de plagas, uso sostenible de productos fitosanitarios, medidas fitosanitarias y material vegetal de reproducción.

Sanidad animal

En el Capítulo relativo a la sanidad animal se delimita un marco normativo legal autonómico en esta materia a través de disposiciones relativas al inicio y ejercicio de la actividad ganadera, identificación de animales, y disposiciones para la vigilancia, prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales.

El Título II, bajo el epígrafe de "La explotación agraria", se estructura en tres capítulos.

El primero de ellos, relativo al Registro de Explotaciones Agrarias, que establece su creación, así como la obligatoriedad de la inscripción y actualización de toda explotación agraria en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Consejería competente en materia agraria.

El Título IV pretende consolidar la importancia adquirida por el regadío

El segundo de los Capítulos sobre "La incorporación de jóvenes y de la mujer en el marco de las explotaciones agrarias", recoge una serie de actuaciones dirigidas a tal fin.

Finalmente, sobre los "Bienes especiales adquiridos al amparo de las normas sobre colonización y reforma y desarrollo agrario", tiene por objeto fijar una serie de medidas que permitan dinamizar el sector agrario y suprime el régimen de tutela administrativa respecto de las explotaciones agrarias creadas al amparo de las normas sobre colonización y reforma y desarrollo agrario.

El Título IV de la ley pretende consolidar la importancia adquirida por el regadío al contemplar la posibilidad de que la Administración pueda acometer nuevas obras de transformación en regadío en zonas previamente declaradas como de interés general de la comunidad autónoma, o como zonas regables singulares.

También se prevé la posibilidad de que la Administración pueda participar mediante ayudas técnicas y económicas en las actuaciones de transformación de regadíos de iniciativa privada, previa declaración del interés de los mismos para la comunidad autónoma.