La apertura de esta mesa de diálogo y el reconocimiento de la citada categoría fueron dos compromisos aprobados por el Consejo de Gobierno extremeño durante un pleno extraordinario celebrado en Don Benito (Badajoz).

El Ejecutivo autonómico pretende alcanzar un acuerdo global que materialice dicho reconocimiento, ya que se trata de una demanda histórica de los trabajadores del Plan INFOEX y reforzaría la labor del Gobierno extremeño en la prevención y extinción de incendios forestales, un área que el pasado año contó con una inversión autonómica de 30 millones de euros.

“El cuidado del medio ambiente es y será siempre una firme apuesta de este Gobierno, que se vería fortalecida con la aprobación de esta medida”, ha afirmado el secretario general de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, Ernesto de Miguel.

Consejería de Medio Ambiente firmará convenios con municipios menores de 2.000 habitantes

En esta mesa de diálogo también participa la directora general de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección, Verónica Puente; el director general de Medio Ambiente, Enrique Julián Fuentes, y representantes de UGT, CCOO, CSIF y SGTEX.

De Miguel considera que el citado Plan identifica todo el ámbito de la prevención, reduce la clasificación del riesgo, amplía la prevención en situaciones de vulnerabilidad e incorpora la Administración Electrónica en los procedimientos más numerosos.

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente firmará convenios con municipios menores de 2.000 habitantes para prestarles asesoría y planificación técnica a la hora de elaborar planes locales de prevención de incendios.

En concreto, De Miguel ha apuntado que habrá 62,6 millones de euros en el programa 2014-2020 para prevención de incendios forestales en Extremadura, una cantidad que se destinará a infraestructuras de defensa, bienes y servicios, repoblaciones forestales y tratamientos selvícolas preventivos, y creación y mejora de infraestructuras en montes de utilidad pública.

Ley de Protección Ambiental de Extremadura

La superficie de monte arbolado afectada por incendios en los últimos cuatro años rondó las 3.110 hectáreas, la cifra más baja en los últimos doce ejercicios. Solo en el periodo 2003-2007 el número de hectáreas afectadas se aproximó a las 28.350 hectáreas.

En este ámbito, la Ley de Protección Ambiental de Extremadura, que continúa su tramitación parlamentaria, busca armonizar el medio ambiente con el desarrollo económico, ofrecer seguridad jurídica a los promotores y la adaptación de Extremadura a la normativa nacional y europea.

Esta futura norma, que derogará la Ley de Prevención y Calidad Ambiental de 2010, incorpora, entre otros aspectos, legislación nacional relativos a la prevención y el control de la contaminación, las emisiones industriales y la evaluación ambiental.

Según se refleja en su texto, la presente ley acoge el “principio de quien contamina paga”, por lo que “los costes derivados de la reparación de los daños ambientales” y la devolución del medio a su estado original serán sufragados por los responsables de los mismos.