Fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han indicado a Efeagro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) realiza campañas específicas “en todos los sectores”, incluido el primario, y debe tener protocolos para detectar cualquier infracción laboral.

Las Fuerzas de Seguridad colaboran con la ITSS y actúan en ámbitos de sus competencias para inspeccionar la posible existencia de delitos, han añadido las mismas fuentes.

Así lo han explicado después de que se desvelara el cuestionario que efectuarán los inspectores dentro de una campaña ordenada para el sector agrícola entre mayo y junio, lo que ha generado controversia principalmente por la formulación de las preguntas.

La reacción de las opas

“Nosotros no esclavizamos a nadie”, ha declarado a Efeagro el director de Asaja, Juan José Álvarez, que rechaza que “se trate a los agricultores y ganaderos como delincuentes”.

Ha señalado que las relaciones laborales del sector se regulan desde los años 80 mediante convenios colectivos entre organizaciones agrarias y sindicatos de todas las provincias, de acuerdo con las autoridades y contratando trabajadores en origen.

Álvarez ha pedido que no se culpabilice a los agricultores de los asentamientos ilegales y que las Administraciones solucionen ese problema.

El secretario de organización de COAG-Andalucía, Eduardo López, ha lamentado que el Ministerio de Trabajo “colabore con campañas tóxicas de la competencia europea” y ha calificado de “inaudito e insólito” que se hable de esclavitud en el campo.

Ha precisado que COAG no cuestiona ni el cumplimiento de la legislación laboral ni el funcionamiento de los cuerpos de inspección, pero no entiende “cómo desde el Gobierno se pueda trasladar la idea de una situación generalizada de maltrato al trabajador cuando los casos, si existen, son muy aislados, y hay vías administrativas y jurídicas para erradicarlos”.

Fuentes de UPA han insistido en que en el campo español “no hay esclavitud”, sino una lacerante falta de precios justos que hunde la rentabilidad del sector y eso es lo que se debe perseguir.

A su juicio, “las Administraciones deben tener mucho cuidado para no estigmatizar a un sector tratando de buscar lo que no hay”.

Desde UPA han rechazado que la agricultura “sea señalada” como el sector con peor situación laboral y han añadido que “este tipo de acusaciones infundadas” dan lugar a desinformación en países con intereses comerciales contrapuestos a los de España, por lo que el asunto debe tratarse “con el máximo cuidado para evitar daños”.

Cooperativas pide explicaciones

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha remitido una carta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que le solicita “aclaraciones y explicaciones” sobre las campañas de inspecciones extraordinarias en el sector “con las que busca casos de explotación laboral e incluso habla de esclavitud”.

En este sentido, Cooperativas ha afirmado este viernes en un comunicado que “lamenta y rechaza esta actuación que pone en tela de juicio al conjunto del sector, cuando los casos, si es que existen, se pueden inspeccionar, perseguir y sancionar, sin extender la sospecha sobre el conjunto del sector”.

“Puede que, por desgracia, haya delincuentes que operen en el sector agroalimentario, y con estos hay que actuar con el máximo rigor, porque además del propio delito laboral, si es el caso, compiten deslealmente con todos los demás agricultores y ganaderos que cumplen estrictamente la legalidad”, defienden desde Cooperativas.

Las mismas fuentes han hecho hincapié en que el “agroalimentario es uno de los que no ha parado durante la pandemia para abastecer alimentos, y que este tipo de publicidad lo único que genera es desconfianza en la sociedad”.  Además, “estas informaciones repercuten muy negativamente en la imagen exterior de un sector calificado como estratégico, que además es netamente exportador y emplea a miles de personas”, ha añadido.

Cooperativas ha asegurado que, como organización, no se “opone” a las inspecciones –“creemos que todos debemos cumplir la ley”– y mantiene unas “condiciones laborales dignas para todos sus trabajadores”, por lo que solicita a Díaz que “aclare el objetivo de esta campaña y, en su caso, rectifique y corrija el enfoque”.

Partido Popular en contra

La portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso, Milagros Marcos, ha afirmado a Efeagro que el Gobierno “viene demonizando al sector primario desde hace tiempo” y “antepone su ideología a la actividad” agraria.

Ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “inventa culpables” para “tapar su falta de incapacidad” en la gestión de los asuntos relativos al campo.

A su juicio, en el Real Decreto que modifica algunos aspectos de la Ley de la cadena alimentaria de 2013, el Gobierno actual “denigra” al sector agrario en algunas referencias hechas e “incluso lo tacha de insalubre o falto de garantías”.

Exigencias de los sindicatos

Por parte de los sindicatos, UGT-Fica ha considerado que la instrucción ordenada por el Ministerio de Trabajo se queda “muy corta”, porque “en mes y medio es imposible que los inspectores puedan realizar una radiografía laboral del campo español”.

Su secretario del sector agrario y manipulado, Emilio Terrón, ha señalado que “no hace falta que vayan los inspectores al campo” para saber que en muchas provincias “los empresarios se niegan a firmar convenios que cumplan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”.

Para evitar ese tipo de “explotación laboral”, como la define, Terrón ha pedido que se obligue a los empresarios a cumplir los salarios pactados y abonar las cotizaciones sociales como corresponde.

Desde CCOO, su responsable adjunto de Política sindical y sector agrario, José Fuentes, ve “adecuadas” las labores de inspección en un año en el que se han aprobado “medidas excepcionales de ayuda y compatibilidad” para trabajar en el campo frente a las restricciones derivadas de la crisis del coronavirus.

Aunque ha negado que haya una “situación de esclavitud generalizada”, ha resaltado que “todos los años en las campañas se dan demasiados casos de explotación laboral y situaciones no deseables en las viviendas facilitadas a los trabajadores”.

Últimamente CCOO ha denunciado casos en Lérida como el de un temporero que ha dado positivo por coronavirus o la llegada de trabajadores de otras provincias con “salvoconductos en blanco” proporcionados por empresas y sin contrato de trabajo.

Fuentes ha advertido, además, de posibles brotes de coronavirus si no se garantizan los equipos de protección y el distanciamiento en las explotaciones.