Fuentes del sector del comercio alimentario han explicado a Efeagro que desde que entró en vigor la medida, el pasado día 1 de mayo, ha habido enseñas que han repercutido esta nueva tasa en sus precios y otras que no, lo que podría suponer un caso de “competencia desleal”.

Aunque la legislación catalana precisa que el punto de venta -ya sea un supermercado, una tienda, un bar o un restaurante- “está obligado a repercutir el impuesto al consumidor final de la bebida”, miembros del sector interpretan de forma diferente esta exigencia.

Mientras que algunos insisten en que el cliente debe pagar más por la bebida azucarada -se calcula que la subida tiene que oscilar entre los cinco y los diez céntimos aproximadamente-, otros defienden la posibilidad de que la empresa reduzca su margen de beneficio para mantener el precio o dejarlo al menos por debajo del de la competencia.

No obstante, la nueva tasa sólo es aplicable para las bebidas azucaradas adquiridas a partir del 1 de mayo, por lo que pueden darse casos de puntos de venta que todavía tengan producto en “stock”, no sujeto a este impuesto.

Capacidad de control limitada

También han expresado su temor a posibles “distorsiones del mercado” representantes de las compañías de distribución de bebidas, que cuestionan la capacidad de la Agencia Tributaria catalana para controlar a las firmas que tengan su sede en otro punto de España.

Así lo asegura en declaraciones a Efeagro el director general de la Asociación de Empresas de Distribución y logística de Bebidas y Alimentación de Cataluña (Adiscat), José Manuel Fernández Echevarría, quien ejerce el mismo cargo en la patronal nacional (Fedishoreca).

“Para nuestro sector, el mayor problema es que haya bares o supermercados que tengan capacidad para comprar un camión -cargado de bebidas azucaradas- que venga de fuera de Cataluña y que decida no aplicar el impuesto. Aunque la ley obliga a hacerlo a todas las empresas con sede en España, es difícilmente controlable”, apunta.

Como la normativa exige que el impuesto sea liquidado trimestralmente por estos distribuidores -que deben desglosarlo en sus albaranes-, Fernández Echevarría alerta del riesgo de que supermercados y bares “busquen a quien no les cobre” este impuesto.

“El que compra el producto y lo vende no tiene ninguna responsabilidad, y no tiene obligación de repercutir el impuesto en el precio si no se lo cobran“, afirma.

Desde los sectores afectados por la nueva tasa coinciden en criticar la falta de un reglamento que desarrolle la ley aprobada por el Parlamento catalán, aunque éste ya se encuentra en fase de estudio, según la Generalitat.

Dudas sobre su aplicación práctica

La “incertidumbre” que rodea la aplicación del impuesto se debe además a los problemas para definir el grado de azúcar añadido que lleva cada bebida: desde refrescos hasta zumos y néctares, pasando por sodas, bebidas energéticas, de té y de café, vegetales o incluso leches endulzadas y aguas de sabores.

El gravamen es variable: ocho céntimos para bebidas con entre 5 y 8 gramos de azúcar añadido por cada 100 mililitros y doce céntimos para las que superen esa cifra.

De hecho, para conocer qué tipo deben aplicar, son los fabricantes de cada producto los que informan a los distribuidores de qué tasa les corresponde exactamente.

“En el refresco es fácil calcularlo porque en la etiqueta ya pone la cantidad de azúcar, pero ese dato no consta en los néctares o en el agua de sabores, por ejemplo”, recuerda el director general de Adiscat.

La patronal de los fabricantes españoles de zumos (Asozumos) ha denunciado la “confusa redacción de la norma catalana” y ha recalcado que el zumo de frutas no puede llevar azúcares añadidos por ley, algo que sólo está permitido en los llamados néctares.

Desde el Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat catalana han declinado entrar a valorar la norma por llevar apenas unos días en vigor, aunque han incidido en que existe un “contacto constante” con el sector para que el futuro reglamento aclare sus dudas.