Esta reivindicación ha sido hecha por la gerente de Adelpa, Ana Ruiz, durante el transcurso de una comparecencia ante la Comisión para el Estudio de la Despoblación en Zonas de Montaña constituida en el Senado.  Ruiz ha señalado que los alrededor de 55.000 habitantes censados en el Pirineo aragonés están dispersos en más de 9.000 kilómetros cuadrados de un territorio en el que la mayor parte de las poblaciones han experimentado en los últimos 25 años un crecimiento vegetativo negativo.

 55.000 habitantes censados en el Pirineo aragonés están dispersos en más de 9.000 kilómetros cuadrados

Tras referirse a la existencia de “extensas zonas” en el Pirineo aragonés en las que se da una densidad poblacional de un habitante por kilómetro cuadrado, ha incidido en la necesidad de “mantener e incorporar servicios” en este territorio como “base” de cualquier política dirigida a frenar la despoblación. A su juicio, servicios como los comedores y el transporte escolar, la atención sanitaria o las residencias para la tercera edad son básicos para conseguir el mantenimiento de la población en las zonas de montaña.  Por esta razón, desde Adelpa se ha instado a los grupos políticos del Senado a realizar las modificaciones legales “necesarias” para disminuir las ratios de población requerida para la prestación de servicios, o bien a incorporar una variable territorial en las zonas de montaña que garanticen su mantenimiento. La gerente de la asociación se ha referido, asimismo, a las afecciones causadas a los municipios de montaña por los embalses y las líneas de alta tensión, y ha subrayado que estas poblaciones no han sido compensadas por los efectos negativos causados “ni en el pasado ni actualmente”.

Despoblación en espacios protegidos

Por otra parte, la gerente de Adelpa ha manifestado que los espacios naturales protegidos en el Pirineo tienen una “nula incidencia” en la demografía de las poblaciones, por lo que ha incidido en la necesidad de que la política de protección medioambiental se convierta en un factor de “desarrollo real” para el territorio. También ha denunciado que entre los años 2000 y 2010 desaparecieron más de 500 explotaciones ganaderas en el Pirineo aragonés, y que en la “inmensa mayoría” de estos negocios no existe la posibilidad de relevo generacional.  A este respecto, ha reivindicado una modificación de la Política Agraria Comunitaria (PAC), a realizar en plazo antes del 1 de agosto de 2016, que permita a España acogerse a la posibilidad de dedicar un 5 por ciento de las ayudas a las zonas con “limitaciones naturales”, entre las que se encuentran las de montaña.