El Gobierno aprobó en septiembre pasado la actualización de dicho plan (conocido como Pniec por sus siglas), que recoge la reducción de gases de efecto invernadero prevista para 2030 del 32 % (frente al 23 % original), un objetivo de consumo final de energía renovable que sube al 48 % y un 43 % de eficiencia energética.

"El medio rural es un aliado importante del desarrollo renovable y la nueva versión del Pniec introduce novedades que buscan reforzar esta alianza", ha afirmado a Efeagro el director general de APPA.

Más autoconsumo rural

Ha destacado la existencia de medidas clave para asegurar que las renovables no solo favorezcan la descarbonización, sino que generen beneficios socioeconómicos en las áreas rurales, promoviendo proyectos que ayuden a combatir la despoblación, generar empleo y mejorar la cohesión territorial.

En ese sentido, González Moya ha citado la incorporación de mecanismos financieros específicos para el desarrollo rural y la participación local como cooperativas energéticas en municipios de pocos habitantes.

Se reservan también cuotas de potencia para instalaciones de generación distribuida con carácter local y se facilita la participación de cooperativas y comunidades energéticas locales en proyectos de renovables en el medio rural.

Ha considerado que la zonificación ambiental "reducirá los impactos negativos y facilitará la instalación en áreas con menor sensibilidad ambiental", y que el impulso del autoconsumo en explotaciones agrarias y comunidades de regantes "permitirá estabilizar sus costes energéticos y aumentar su competitividad".

Objetivos en renovables

En 2030 se prevé la instalación de 76 gigavatios de fotovoltaica (con 19 GW de autoconsumo), 62 GW de eólica, 22,5 GW de almacenamiento y 12 GW de electrolizadores para hidrógeno renovable.

El nuevo plan casi duplica el objetivo de producción de biogás hasta 20 teravatios hora, "muy alejado del verdadero potencial del biometano" en España, según el responsable de APPA.

"El biometano no solo da solución a un problema de residuos industriales ya existentes, sino que permite la descarbonización directa del sector gasista", reduciendo las importaciones y las emisiones en procesos de compleja electrificación, añade.

En su opinión, el Pniec pone énfasis en la simplificación de trámites y conexión con la red gasista, pero hace falta impulsar el sector del biogás, con "metas más ambiciosas en cuanto se vea que despega".

Sobre la fotovoltaica, González Moya llama a corregir el "profundo desequilibrio" del mercado energético, con un consumo en retroceso cuyo pico no supera los 45 GW.

"La regulación busca garantizar la compatibilidad entre el desarrollo fotovoltaico y el entorno rural, pero lo primero es equilibrar nuestro desarrollo y acompasarlo con el incremento de la demanda", apunta el director general.

De lo contrario, vaticina problemas de vertidos, apuntamiento (relación entre el precio medio del mercado eléctrico y el de la energía fotovoltaica) y proyectos fotovoltaicos "comprometidos".

Con una previsión de 1.000 a 3.000 MW de capacidad instalada en energía eólica marina para 2030, "será fundamental explotar las sinergias con la industria naval y dar incentivos a la I+D, que permitan buenos cimientos para un desarrollo posterior con industrias tradicionales como la pesca", según el responsable.

Poco ambicioso le resulta el objetivo de bioenergía (1,4 GW para 2030), pues España es "una potencia europea en agricultura, ganadería y forestal", si bien los subproductos de estas industrias "no tienen la importancia que merecen".

González Moya ha esperado que en el futuro se valore más la biomasa y "no se mire únicamente su precio", ya que es "la tecnología que mejor se integra en el mundo rural y más empleos genera de forma sostenible en el tiempo", entre otras ventajas.

También hay objetivos específicos para los biocarburantes avanzados, que deben representar al menos el 3,5 % de los combustibles utilizados en el transporte para 2030.

El responsable de APPA ha llamado a priorizar su producción europea ante la amenaza que supone la importación de terceros países que no cuentan con los mismos requisitos ambientales y son sospechosos de competencia desleal.