García Tejerina compareció ayer en el Congreso para explicar, a petición propia, los últimos reales decretos de aplicación de la reforma de la Política Agraria Común 2014-2020 y, a propuesta del PSOE, para informar de los cambios introducidos en la comarcalización y en la definición de “agricultor activo”.

El 20 de diciembre se publicaban los seis reales decretos para aplicar la PAC, un paquete normativo con el que culminó el trabajo de tres años y que necesitó de grandes acuerdos entre Gobierno y Comunidades Autónomas para garantizar una convergencia interna progresiva y un mercado único en España, dijo la ministra.

Presupuestos y agricultor “activo”

En un marco presupuestario restrictivo en la Unión Europea (UE) -añadió- España mantendrá el nivel de apoyos al campo -el 30 % de las rentas del agricultor proceden de estas ayudas-, con unos 47.000 millones de euros hasta 2020, de los que más de 37.700 corresponden a ayudas directas, 8.291 a las del desarrollo rural y 3.000 millones para medidas de mercado.

Según García Tejerina, se han puesto las bases legales para que sólo reciban ayudas las explotaciones que realmente desarrollan actividad económica real -al menos el 20 % de sus ingresos deben venir del mercado– o que asumen el riesgo empresarial si no alcanzan el porcentaje, por lo que habrá controles para asegurar que estos últimos demuestren los gastos que hacen y los cuidados que realizan.

Desarrollo rural

En desarrollo rural, se creará un Comité de Coordinación de Autoridades de Gestión que podrá acordar trasvases entre programas en España para aprovechar mejor los recursos y evitar que puedan perderse fondos Feader -en caso de que no puedan aplicarse en los plazos que marca la Unión Europea-, señaló.

Calendarios

En 2015 -año en el que se asignarán los nuevos derechos de pago básico, en función de 50 regiones agronómicas- se completará el marco legislativo para crear las organizaciones de productores (OPs) y se desarrollará el marco legal que permitirá la transición hacia el nuevo sistema de autorizaciones de plantaciones de viñedos.

En función de las solicitudes, está previsto que en octubre los agricultores conozcan el importe provisional de su anticipo; en diciembre tendrán un dato más actualizado, incluyendo los pagos acoplados y a los jóvenes, y en 2016 las ayudas del “greening“.

También tendrá lugar, en breve, la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto por el que se creará el registro de explotaciones agrarias y titulares para el cobro de las ayudas.

Críticas del PSOE y nacionalistas

Para el portavoz de Agricultura del PSOE, Alejandro Alonso, “no es la reforma que esperaban y necesitaban los agricultores profesionales de España” aunque “quizás pueda venir bien a algunos, especialmente los grandes propietarios de tierra”, al tiempo que apuntó que el nuevo modelo no zanja las injusticias del sistema, ni da prioridad a la actividad ni al empleo en el sector.

Para Alonso, se trata de un modelo de aplicación “calamitoso, plagado de mentiras y absolutamente decepcionante”, que implicará un “tijeretazo” en las ayudas que recibirán los productores.

Los grupos nacionalistas vasco y catalán apuntaron el conflicto competencial de esta aplicación, que consideran recentralizadora.