El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado, en la clausura el III Foro participativo de la Industria Alimentaria, celebrado en Pamplona, que “el alimento más caro de todos los que hay es aquel que termina en la basura” y eso “no nos lo podemos permitir”.
Planas ha destacado que la industria alimentaria “ha sido, junto al sector sanitario y las fuerzas de seguridad del Estado, el eje de la resistencia frente a la pandemia y sin duda va a ser eje en la recuperación económica de nuestro país”.
El ministro ha instado a tener “una perspectiva de futuro” y ha recordado que, según la ONU y la FAO, en 2050 habrá unos 10.000 millones de habitantes en el planeta, lo que supondrá una mayor necesidad de producción alimentaria, pero la superficie agraria útil será muy similar a la actual y la cabaña ganadera “no excederá ni mucho menos las cifras actuales”.
Ha subrayado la importancia del anteproyecto de ley contra el desperdicio alimentario presentado por el Gobierno, con el que España será, tras Francia e Italia, el tercer país europeo con una normativa de estas características.
Planas ha indicado que en la ley se hará incidencia en los conceptos de fechas de consumo preferente y de caducidad de cada alimento. La fecha de caducidad, ha apuntado, es una “obligación legal” referida a la seguridad alimentaria, pero el concepto de consumo preferente “es distinto”, ya que “la horquilla es más amplia”.
Se trata, ha agregado, de una fecha orientativa sobre las condiciones óptimas del alimento, pero el mismo puede ser consumido “perfectamente” en fechas posteriores. Ha puesto en este sentido el ejemplo del aceite de oliva virgen extra.
Al respecto, ha considerado que es “tremendamente interesante” la práctica de algunas distribuidoras de rebajar el precio de productos próximos a la fecha de consumo preferente.
Si en todo caso el producto no se vende, ha comentado, habría dos alternativas, que son la donación a ONGs, bancos de alimentos y asociaciones o la transformación de estos productos para alimentación animal, compostaje y otros usos.
Planas se ha referido a las “obligaciones” que se derivarán de la ley y ha matizado que “nadie pretende inspeccionar ningún domicilio, ninguna nevera” de un ciudadano o familia española.
Sí se prevé que haya un plan de prevención del desperdicio alimentario por parte de los agentes de la cadena alimentaria y en concreto que se contemple la donación y la existencia de instalaciones adecuadas para la cadena de frío y el transporte de alimentos.
También habrá que cuantificar anualmente las pérdidas, estimadas en 31 kilos de alimentos por habitante y año, aunque se trata de “cifras estimativas” que se desea concretar.
El ministro ha hecho especial hincapié en la industria alimentaria, que “ha avanzado a pasos de gigante” contra la pérdida y el desperdicio alimentario y cada vez está “más concienciada” al respecto.
Planas ha resaltado que el 71 % del conjunto de las empresas españolas dispone de una estrategia interna contra el desperdicio, un 61 % promueve buenas prácticas para su reducción en origen, el 51 % promueve acciones conjuntas con proveedores y el 53 % tiene acuerdos de colaboración estables para la donación de alimentos.
