El primer efecto de esta situación es la pérdida de rentabilidad de los agricultores y ganaderos, que analizan qué está en sus manos para afrontar los retos de futuro y demandan ayudas de las administraciones autonómicas, nacionales y comunitarias para fortalecerse y mantener vivo el territorio rural, de quienes son los principales generadores de empleo.

Desde las cooperativas y organizaciones agrarias, coinciden en reclamar -en declaraciones a Efeagro- que la Política Agraria Común (PAC) incluya mecanismos que apuesten por un sector rentable y eficiente.

La PAC “debe contribuir a posibilitar la equiparación del nivel de la renta agraria al del resto de sectores productivos de la Unión Europea”

Una idea que el director general de la Industria Agraria, Fernando Burgaz, concreta a Efeagro, asegurando que “la PAC debe tener presente su papel y su implicación, en particular la necesidad de que las explotaciones agrícolas y ganaderas sean sostenibles económicamente para que puedan ser un medio digno de vida, manteniendo un medio rural vivo con un adecuado nivel de empleo”. Y remarca que la PAC “debe contribuir a posibilitar la equiparación del nivel de la renta agraria al del resto de sectores productivos de la Unión Europea”.

Un clave, la integración de la oferta

Burgaz apunta como objetivos “reforzar la capacidad de negociación de los productores incentivando la integración de la oferta; favorecer la articulación sectorial, dotando a las organizaciones interprofesionales de las mayores capacidades posibles de actuación; garantizar el buen funcionamiento de las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena y el control de las prácticas desleales.

Y también trabajar para conseguir un marco de competencia justa y poner en marcha herramientas eficaces para la gestión de la volatilidad y la cobertura de los riesgos del mercado.”

Para el responsable de relaciones internacionales de Cooperativas Agro-alimentarias, Gabriel Trenzado, “el desequilibro de poder en la cadena de valor en detrimento de un sector agrario “atomizado” frente a clientes y proveedores “concentrados” y la volatidad de los mercados son los factores más significativos de la “falta de rentabilidad y la dificultad para hacer inversiones de futuro”. Como soluciones, Trenzado aboga por “fomentar la integración cooperativa para que sean empresas de dimensión relevante en el mercado, o también a través de Organizaciones de Productores (OP). OP que, según precisa, sean empresas, no meras organizaciones de negociación de precios, porque lo que no está en el mercado no puede resolver un problema en él.

Luchar contra las prácticas desleales en el ámbito comunitario, “siguiendo el modelo español de ley de la cadena”, que se diseñen “instrumentos preventivos de la gestión de crisis públicos y privados” para lo que “se necesita adaptar la aplicación del derecho de la competencia al sector agroalimentario” y una “política comercial internacional coherente y sólida” son otras de sus propuestas.

El efecto del cambio climático

Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), José Ramón Díaz, considera que el escenario descrito ”afecta de una forma muy notoria a la volatilidad de los productos, aunque también hay que considerar otros factores como los efectos del cambio climático” . Díaz recuerda que “las sucesivas reformas de la PAC han ido eliminando o reduciendo a la mínima expresión los mecanismos de regulación del mercado”, ante lo que el sector se ha organizado “para poder hacer frente de forma más efectiva a las oscilaciones productivas y de disponibilidad de producto y atender a una demanda en muchos casos creciente”. “En este y otros aspectos todavía queda terreno por recorrer”, insiste, tras defender que “la actuación coordinada de distintas administraciones o entidades públicas con competencia sobre este asunto, teniendo en consideración que el consumidor es el cliente final de nuestras producciones”.

El secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, insiste en que “ante las políticas orientadas a la desregulación generalizada, es necesario reforzar la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario, de la cadena agroalimentaria, que debe ser rentable y sostenible en su conjunto”. Para ello, Blanco defiende que se fortalezca a los productores con “las necesarias excepciones en materia de competencia”, una regulación “obligatoria única para toda la UE, que prohíba determinadas prácticas abusivas” y sirva de elemento común para todas las operaciones comerciales, aunque pueda dejar cierto margen a los Estados miembros para adaptarse a sus particularidades”. En su opinión, “se debe conseguir un equilibrio entre las normas de competencia, su aplicación y la regulación del sector” y establecer la excepción de dichas normas en los mercados agrarios por su especificidad, con suficiente seguridad jurídica y reglamentaria”.

Una cadena desequilibrada

Para la Unión de Pequeños Agricultores y ganaderos (UPA), “la volatilidad de los precios y la pérdida de capacidad de negociación de los agricultores en una cadena totalmente desequilibrada son dos de las principales razones de la pérdida de renta del sector, y por tanto, una de las principales prioridades que debe solucionar la próxima reforma de la PAC”. Apuestan, por tanto, por reforzar la posición del sector primario en la cadena, “incluyendo la negociación colectiva”, establecer ”excepciones claras al Derecho de la Competencia, permitiendo dicha negociación a través de organizaciones de productores e interprofesionales”, aceptar “la indexación de los contratos sobre parámetros objetivos y no manipulables como puedan ser los costes de producción” e implementar “mecanismos de gestión del mercado ágiles y eficaces en situaciones críticas de mercado”. “Dichos mecanismos deben tener en cuenta no sólo los precios de mercado sino fundamentalmente los costes de producción”, añaden desde UPA, tras incidir en el “principio de reciprocidad en los acuerdos con terceros países con objeto de no perder competitividad en nuestras explotaciones agrarias”.

La opinión de la distribución

En el caso de la districución, la patronal de supermercados Asedas -que agrupa a Mercadona, DIA y una decena de enseñas regionales- cree que establecer “relaciones estables a largo plazo” con el resto de eslabones de la cadena es “una de las claves para mantener el equilibrio de los precios y que todos ganen”.  “La cadena agroalimentaria en España es una de las más eficientes del mundo, lo que permite que el consumidor pague unos precios por los alimentos mucho más bajos que la media de la Unión Europea, en concreto, 6 puntos menos, según el Eurobarómetro”, detalla.

Por su parte, la entidad patronal ACES -que agrupa a las cadenas de supermercados Carrefour Express, Eroski, Lidl, Sabeco y SuperCor- defiende “la lógica del mercado” como la mejor forma de que cada eslabón de la cadena reciba un precio justo por su trabajo. No obstante, su presidente, Aurelio del Pino, considera que la intervención de la política es necesaria cuando se producen desajustes vinculados a las características de la actividad agraria y que la próxima PAC debe apostar “por una mayor modernización de las instalaciones, la profesionalización del sector y por que las empresas agrícolas “ganen dimensión”.

Todo un reto para un sector fundamental para la economía española, referente en vocación exportadora y comprometido con la producción de alimentos seguros y de calidad… a pesar del escenario.