"Siento que el Ejecutivo está lento. No vemos a un Gobierno que se haya caracterizado por hacer un plan para ayudar a la economía familiar", aseguró a Efeagro el presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), Domingo de Olbaldía.

Horario reducido impacta en flujo de caja y salarios

Desde que la semana pasada se confirmó el primer caso del coronavirus en Panamá, que ya suma 69 contagios y un fallecido, "la gente no está llegando a los restaurantes", dijo el presidente de la Asociación que agrupa a 250 de los cerca de 2.600 de estos negocios que hay en el país y que generan unos 39.000 empleos directos.

La "gran mayoría no ha cerrado" porque aprovecha el poco movimiento para intentar cubrir gastos recurrentes, pero trabaja con un horario reducido de entre 4 a 6 horas diarias y en base a ello está pagando a sus empleados.

Así, el asunto que "más preocupa" a los dueños de restaurantes es que si mandan de vacaciones al personal les pagarán estas "con una proyección de salario a 6 horas de trabajo, pero esas mismas personas tiene que pagar cuentas que son siempre iguales".

"El Gobierno tiene que tomar decisiones heroicas, siento que están alargando las cosas. Panamá tiene un fondo de ahorros millonario. La banca tiene que poner su sacrificio, como extender el pago de las hipotecas, de préstamos. Hay una parte que son los intereses, eso lo tiene negociar el Gobierno", afirmó.

El Fondo de Ahorro de Panamá fue creado en el 2012 como un mecanismo de estabilización para ser usado en caso de estado de emergencia declarado por el Consejo de Gabinete, como ocurrió el pasado viernes ante la pandemia, o desaceleración económica, y cuenta con unos 1.379,9 millones de dólares, según datos oficiales.

"Todo lo que sea gastos recurrentes de préstamos, de hipotecas, de luz, todos tenemos que hacer un sacrificio bajar esto un poco. El Gobierno es dueño prácticamente de la energía eléctrica, hace tres meses nos quitaron el subsidio creo que era del 25 %, bueno que vuelvan a ponerlo, esto es una emergencia", añadió de Obaldía.

El Gobierno decretó el viernes pasado la emergencia nacional por el coronavirus. En los últimos días se ha ordenado el cierre temporal de locales de ocio, se prohibió la entrada al país de extranjeros y se suspendieron los vuelos procedentes de Europa y Asia.

La ministra de Salud, Rosario Turner, afirmó este lunes que los supermercados y restaurantes pueden atender a sus clientes, pero con las debidas medidas de higiene recomendadas y evitando los tumultos.

En Panamá está suspendida la Educación en todos los niveles, los eventos deportivos y culturales y todos aquellos que involucren aglomeraciones de personas hasta el 7 de abril.

El Gobierno ha dicho que ya comenzó a concretar acuerdos con la banca para facilitar el pago y acceso a préstamos a fin de ayudar a los deudores enfrentar esta crisis, que llega cuando Panamá vive una ralentización que frenó hasta el 3 % el ritmo de crecimiento del PIB en el 2019, la menor tasa en una década, e impulsó el desempleo hasta el 7,1 %.

Según de Obaldía, el anuncio oficial de una moratoria de un mes para el pago de impuestos es ridículo: "en abril los restaurantes tampoco vamos a poder pagar" los tributos, por el dinero "lo estamos guardando para mandar a la gente de vacaciones", afirmó.

Empresarios temen recesión y piden moratoria tributaria

La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de la provincia occidental de Chiriquí (Camchi) y otros gremios empresariales provinciales plantearon al Gobierno de Laurentino Cortizo una moratoria tributaria de 6 meses para las empresas, retrasar el pago de créditos por 4 meses prorrogables, y echar mano del Fondo de Ahorro de Panamá para dar por cuotas a las familias.

En Panamá que "habrá una recesión económica" derivada de la emergencia nacional por el coronavirus, argumentó este martes a Efe el presidente de la Camchi, Felipe Rodríguez.

"Se ha hecho un sondeo de cuales serán los efectos económicos negativos a nivel de pequeña, mediana y gran empresa donde se demuestra que ya el 90 % de las empresas se ven afectadas, un 15 % han tomado medidas de reducción de personal, y el 65 % manifiesta que no tiene los recursos ni las previsiones para mantener las operaciones por 90 días", declaró Rodríguez.