La suspensión de las labores de cosecha con maquinaria agrícola en Madrid, Ávila y Toledo, decretada este lunes por el Gobierno, afecta al cultivo de cereales pero de forma limitada porque la campaña está casi acabando, si bien queda más grano por recoger en los campos abulenses que en las otras dos provincias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suspendido dichas labores mientras dure el periodo de emergencia por los incendios forestales, al entender que su realización mediante maquinaria agrícola constituye un "factor de riesgo significativo", según ha informado el Departamento.

En la actualidad, la cosecha de cereales está terminada en una gran parte de las explotaciones, pero quedan aún granos por recoger, especialmente en las zonas más al norte del país, ya que la campaña empieza en el sur y va avanzando hasta los campos más septentrionales.

Eso significa que de las tres provincias afectadas la medida podría repercutir más en los campos de Ávila pues en Castilla y León, principal autonomía productora de cereales, la cosecha es más tardía que en Madrid o en Castilla-La Mancha, según han recordado a Efeagro fuentes de la organización agraria UPA.

Para la organización agraria Asaja, es una medida "coherente" ya que, según el presidente de Asaja Madrid, Francisco José García, "si se produjese algún conato de incendio ahora mismo, no hay medios suficientes para apagarlo".

En declaraciones a Efeagro ha reconocido, no obstante, que es un "fastidio" porque quedan parcelas "por cosechar" y aún se está empacando forraje.

Ha pedido una reflexión de futuro sobre las "políticas agroambientales", incluidos los "ecorregímenes" de la Política Agrícola Común (PAC), porque, "paradójicamente", otorgan ayudas por acciones en favor de la biodiversidad y el medio como dejar cubiertas vegetales que luego se convierten en "masa forestal facilitadora de incendios".

Por su parte, el responsable sectorial de cereales de COAG, José Roales, ha mostrado su "cabreo" porque prohibir el uso de maquinaria "no tiene ningún sentido" y supone "echar la culpa a los agricultores", de lo cual "estamos ya un poco hartos".

Bajo su punto de vista es un "sinsentido" por que los agricultores tienen que cosechar en los meses de verano, "no en diciembre"; y porque, en caso de iniciarse un incendio en una parcela de cereales, se "corta en 15 minutos".

Roales teme que, con este precedente, las condiciones de siega que impongan las administraciones el próximo verano sean "mucho más restrictivas" e incluso aventura que "cada cosechadora puede tener una pareja de la Guardia Civil" supervisando.

El responsable de cultivos de Unión de Uniones, Anastasio Yébenes, ha detallado, por su parte, que en Castilla-la Mancha quedan muy pocos campos ya sin cosechar, si bien la recolección es más tardía en Guadalajara, pero en Castilla y León están en "plena campaña" al igual que en otros territorios más al norte.

Resolución en la Comunidad de Madrid

Por otro lado, en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha aprobado una resolución que prohíbe las cosechas con maquinaria agrícola y que ha sido remitida a los agricultores y a los ganaderos.

Según esta decisión, queda suspendido durante este lunes entre las 14.00 y las 23.59 horas y durante este martes, todo el día, el uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas.

Afecta a todos los terrenos forestales y en una franja de 400 metros de ancho que circunda el terreno forestal, en caso de ser el terreno suelo no urbano.

"Durante los próximos días se revisará la opción de alargar la suspensión si se mantienen las condiciones desfavorables para los días siguientes", según el texto de la Dirección General de Emergencias de la consejería madrileña.

Yébenes ha añadido que todos los años hay restricciones a las cosechas en España con el argumento de la prevención de incendios y ha criticado la decisión del Gobierno, así como "las prohibiciones, en general" porque a su juicio es necesario un "cambio en las políticas" para evitar los fuegos, antes de que sea tarde.

También ha reclamado que en lugar de prohibiciones haya "más colaboración" con los agricultores y los ganaderos, que "no se les demonice" y se reconozca su papel, por ejemplo, conduciendo al ganado para que se coma las hierbas del monte y prevenga los fuegos.

Justificación de la medida

El Gobierno ha tomado esta medida al entender que "la realización de labores de cosecha mediante maquinaria agrícola en las zonas afectadas constituye un factor de riesgo significativo", especialmente con "condiciones meteorológicas extremadamente desfavorables" debido a las altas temperaturas y la baja humedad relativa, según ha informado el Ministerio del Interior.

Los incendios activos en el centro peninsular superan las 77.000 hectáreas afectadas y han provocado la evacuación o el confinamiento de alrededor de 91.000 personas, mientras los fuegos siguen sin controlarse, según datos facilitados esta mañana por el Ministerio del Interior.

"La utilización de cosechadoras y demás maquinaria agrícola puede originar igniciones accidentales por fricción, impacto de elementos metálicos, sobrecalentamiento de componentes mecánicos o cualquier otra incidencia propia de su funcionamiento", agrega el ministerio en el comunicado.

Además, Interior considera que la aparición de nuevos incendios mientras dure la emergencia de interés nacional "obligaría a detraer medios personales y materiales comprometidos en las labores de extinción, protección de la población y aseguramiento de infraestructuras críticas", lo que disminuiría "la capacidad operativa del dispositivo".

Desarrollar labores agrícolas en áreas afectadas o cercanas a las zonas de intervención "incrementa la exposición al riesgo de los propios trabajadores y puede interferir de forma directa en las rutas de acceso y evacuación utilizadas por los intervinientes en la emergencia", lo que dificultaría "la movilidad de los recursos terrestres y aéreos", agrega el Ministerio.

Marlaska ha firmado la orden de suspensión temporal de la cosecha en virtud de la ley 17/2015 de Protección Civil, que faculta al ministro a adoptar "instrucciones operativas de alcance supraterritorial cuando resulte necesario para la protección del interés general", aunque la competencia en montes sea de las comunidades autónomas.

En total, 90.949 personas están afectadas por los incendios en el centro peninsular, de las cuales 63.152 han sido evacuadas de las localidades amenazadas por el fuego y otras 27.797 permanecen confinadas ante el riesgo que suponen los siniestros en sus municipios o los adyacentes.

La Comunidad de Madrid, donde hay 38 localidades evacuadas y 7 confinadas, es la más castigada, con un total de 31.865 personas evacuadas y 19.062 confinadas.

En la provincia de Ávila son 25.087 las evacuadas y 8.735 las confinadas, mientras que en la de Toledo hay 6.200 evacuadas.