La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ve “exceso de transparencia” en los requisitos de información del proyecto de real decreto sobre declaraciones obligatorias de la industria láctea, cuya principal novedad es facilitar los precios de cesión entre industria y distribución. Según el informe dado a conocer, el proyecto normativo introduce “un exceso de transparencia” en la información comercial “sensible” de los operadores del sector lácteo.

La CNMC considera que, pese a las garantías formales de confidencialidad y respeto a la normativa de competencia, el proyecto de real decreto “no elimina los riesgos de coordinación y reducción de la tensión competitiva, que son elevados”.

En el texto habla de “efectos nocivos” para los nuevos entrantes y operadores industriales; unos efectos que, para la Comisión, recaerán “en última instancia” sobre el consumidor en forma de precios “ineficientes y reducción en la variedad y calidad de los productos”. Ante ello, se recomiendan menciones específicas de los límites que establece la normativa de competencia y un respeto “escrupuloso” de los mismos por parte de los operadores y responsables de organismos públicos.

Falta de idoneidad

Para la Comisión, el texto normativo plantea dudas sobre su “idoneidad y proporcionalidad” para conseguir el objetivo de garantizar la sostenibilidad y futuro del conjunto de operadores lácteo. La CNMC mantiene que el proyecto “no hace frente” a los factores estructurales que motivan la “recurrente” crisis láctea, “ni garantiza” la sostenibilidad a largo plazo de los operadores.

A su juicio, cualquier medida que persiga el mejor funcionamiento de la cadena agroalimentaria debe resultar compatible con la eficiencia, tanto a corto como a medio y largo plazo. 

Plantea que la “sobrerregulación y el intervencionismo” administrativo supondrán una barrera a la entrada para nuevos operadores, dificultará que compitan con mejores precios, mayor variedad y calidad de productos, así como con procesos productivos y de comercialización innovadores. Incide, además, en que en el proyecto normativo “no se facilita una mejora de la competitividad” de la economía española, ni el traslado de los efectos de la competencia a los consumidores.

Soluciones a la crisis

En sus conclusiones, establece la recomendación de introducir incentivos a los operadores para modificar los factores estructurales que están detrás de la situación de “precariedad” en este sector. Entre ellos, señala la promoción del cooperativismo, el refuerzo de la vigilancia de posibles abusos y la orientación a nuevas formas de producción.

Todo el sector productor, sin excepción, se ha mostrado molesto con dicho informe y han asegurado que no lo comparten en absoluto. Le echan en cara a la CNMC que se posicione al lado del más fuerte y que critique el exceso de información y transparencia en un sector que ya publica los precios en origen (productor-industria).

La industria no ha hecho declaraciones y, desde la distribución,  el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, (ACES) Aurelio del Pino, asegura que “siempre” respetan “escrupulosamente” la normativa de Competencia para abordar “cualquier tipo de medida” dirigida a mejorar la comercialización de los productos agrarios.