La Comisión Europea presentó recientemente una propuesta legislativa sobre las compras de suministros y servicios de las administraciones públicas, que deberán tener en cuenta las condiciones de los métodos de producción orgánica y los sellos de calidad, los requisitos de bienestar animal, los valores nutricionales y su efecto en la salud.

La nueva normativa permitirá la inclusión en los contratos públicos de cláusulas que exijan que un porcentaje de los suministros de alimentos sean productos ecológicos o con denominación de origen, lo que favorecerá que esos alimentos lleguen a menús escolares, hospitales o residencias.

La Asociación profesional española de la producción ecológica (Ecovalia) ha destacado a EFE Agro la importancia de la contratación obligatoria de estos productos por la "oportunidad" que representa para las empresas del sector.

Su directora de Inteligencia estratégica, Auxi Vecina, ha explicado que "la compra pública de alimentos ecológicos es la lanzadera para el mercado interior", como se ha visto en otros países en los que esta "ha iniciado la adquisición de alimentos ecológicos, el mercado interno privado ha ido detrás y el gasto per cápita se ha incrementado muchísimo".

Panorama legislativo en España

En España, existe un decreto de comedores escolares que obliga a que, a partir de abril de 2027, al menos el 5 % del coste de adquisición de alimentos en los centros educativos corresponda a productos ecológicos.

Vecina ha apuntado que también están esperando que finalmente se publique otro decreto a finales de este año que fije un 10 % de compra pública obligatoria de alimentos ecológicos en los comedores de hospitales y residencias.

El pasado marzo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) presentó el catálogo de prescripciones técnicas que, sin ser obligatorio, busca impulsar la contratación pública con criterios ecológicos, que en 2023 ya incorporaban un 35 % de los contratos públicos de las administraciones.

A nivel autonómico, Andalucía cuenta con una ley de fomento de la producción ecológica (Lipesa), que obliga a introducir al menos un 10 % de alimentos ecológicos en el programa escolar de frutas y hortalizas.

España es el primer país europeo en superficie ecológica, el tercero a nivel mundial, y -sin embargo- el consumo va "muy por detrás de otros países", por lo que la compra pública puede incentivarlo, según Vecina.

En 2025, el gasto nacional en alimentos ecológicos ascendía a 3.250 millones de euros, mientras que en volumen se mantenía en 697 millones de kilos o litros, con un consumo medio de 66 euros per cápita, de acuerdo al último informe de Ecovalia.

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) ha asegurado en una nota que el consumo interno sigue siendo la asignatura pendiente y que la compra pública es "una de las vías más directa para revertirlo", aunque el 5 % del gasto incluido en el decreto de comedores escolares es "insuficiente".

A cierre de 2024, la superficie agraria destinada a la producción orgánica sumaba 2.944.941 hectáreas, un 12 % de la superficie agraria, porcentaje que ha crecido un 44 % en una década, según cifras oficiales.

Situación en la UE

El mercado orgánico de la Unión Europea (UE) suma 90 millones de hectáreas -una media del 11 % de la superficie agraria- y unas ventas por valor de 58.000 millones de euros, según la organización sectorial Ifoam Organics Europe.

La UE se ha propuesto elevar la superficie orgánica a un 25 % de las tierras agrícolas en 2030, una tarea en la que participan los 50.000 agricultores y 90.000 transformadores de productos orgánicos europeos.

Ifoam se ha mostrado igualmente a favor de la mención explícita de la producción ecológica en la propuesta comunitaria de compras públicas, por su "potencial para apoyar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles en la UE".

Sin embargo, echa en falta más "ambición" para convertir "la contratación pública sostenible en la opción más sencilla y habitual" en toda la UE.