Así lo han defendido el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), José María Bonmatí, y el de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, en una conferencia organizada por la escuela de negocios IESE sobre el impacto de la covid-19 en la que también ha participado su homólogo en Mercabarna, Josep Tejedo.

“Ahora mismo estamos en una fase en la que se están retrayendo aperturas de bares y restaurantes por los ERTE, hay inseguridad jurídica”, ha advertido Bonmatí, quien ha recordado que todavía está pendiente de que se oficialice si se pueden prolongar hasta diciembre.

También se cuestiona la cláusula que exige a las empresas que se acogieron a este mecanismo recuperar al 100 % de sus trabajadores, ya que por el momento es difícil prever cómo será la demanda en los próximos meses.

“Hablamos de un sector, el hostelero, formado por empresas pequeñas, con baja liquidez y capitalización, y que necesitan ayuda ante la paralización. La primera etapa en la que se le concedieron créditos a través del ICO ha funcionado bien, pero ahora estamos en otra fase y no es suficiente”, ha señalado el responsable de Aecoc.

Bonmatí ha explicado que el peso de la hostelería en la economía española es muy significativo debido a su importancia indirecta en otros sectores asociados, y ha instado al Ejecutivo a “clarificar” su situación después de cambiar los límites de aforo y las exigencias sobre la distancia de seguridad a respetar en el interior de los locales, entre otros puntos.

“Hay que subvencionar el empleo y no el paro, conseguir que más empresas vuelvan a levantar la persiana. Y por ahora en España los recursos que se están movilizando no tienen nada que ver con los de Italia o Alemania, por ejemplo (…) Nuestra perspectiva es que entre el 20 y el 30 % de los bares y restaurantes pueden cerrar si no se toman las medidas adecuadas”, ha insistido.

Del abastecimiento a la incertidumbre

En esta misma línea, desde FIAB han resaltado el contraste existente entre una primera fase de la pandemia -desde mediados de marzo a mitad de abril- en la que el foco se centró en garantizar el abastecimiento y una segunda en la que el sector sigue marcada por “una incertidumbre demasiado alta”.

“No hemos sabido qué iba a pasar exactamente con los ERTE, ni con las líneas de liquidez, si iban a venir o no turistas, ni en qué formato -ha explicado García de Quevedo-. Ahora es cuando deberíamos trabajar para eliminar estas dudas y eso no está pasando, desgraciadamente”.

El director general de la patronal de la industria alimentaria ha abogado por la colaboración público-privada para que la situación sea “más llevadera”, especialmente en hostelería, y ha defendido la labor que están realizando desde el punto de vista del “lobby” las organizaciones empresariales para trasladar sus demandas de cara a la reconstrucción del país.

Los dirigentes de FIAB y Aecoc han coincidido en apuntar a la preocupación por el precio como una de las variables que ya se vislumbran en el consumidor debido a las dificultades económicas asociadas a la pandemia, lo que podría derivar por ejemplo en un incremento de las ventas de productos de marca blanca.

“El precio va a tomar ahora más importancia, va a dar lugar a una nueva lucha”, ha apuntado por su parte el director general de Mercabarna, quien no obstante ha apostado por que factores como el producto local o los sellos “bio” seguirán siendo claves, aunque para ello el consumidor debe entender que no puede encontrar los mismos alimentos todo el año y adaptarse a la temporalidad.