El Gobierno ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco convencional, en la que amplía los espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas y marquesinas y restringe la venta de los nuevos productos a establecimientos especializados.
Con la aprobación de esta reforma se prohibirá fumar y vapear terrazas de bares y restaurantes, tampoco en playas o parques nacionales, ni en recintos donde se desarrollen espectáculos públicos.
Tampoco se podrá fumar en campus universitarios ni en espacios del transporte urbano, como andenes, pasillos o marquesinas, ni a menos de 15 metros de los accesos a edificios públicos.
La nueva normativa actualiza la ley de 2005 con el objetivo de adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco para "reforzar la protección" de la infancia y la adolescencia.
Es por ello que el nuevo texto prohíbe el consumo de tabaco y otros productos a menores de edad, no solo su venta o suministro, y prevé sanciones a las que tendrán que hacer frente sus progenitores.
Además, la reforma somete a los nuevos productos a las mismas restricciones de consumo que al tabaco tradicional, y solo se podrán vender y suministrar en tiendas especializadas. Por otro lado, aumentarán las restricciones de publicidad y patrocinio y se limitará la aparición de personas fumando en medios de comunicación y contenidos audiovisuales.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se ha dado luz verde a la medida, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que el tabaquismo provoca 50.000 muertes al año, y esta norma pretende proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación "libre de tabaco", además de cerrar "algunas lagunas legales" que existen sobre el resto de los productos.
Críticas de la Mesa del Tabaco
La reacción de la Mesa del Tabaco no se ha hecho esperar y en un comunicado ha lamentado la prohibición general de fumar en las terrazas, una "excepción en Europa", solo adoptada por Suecia y excluida en Francia en mayo de 2025.
La organización ha lamentado que el proyecto de ley antitabaco se haya aprobado este martes "sin el dictamen preceptivo del Consejo de Estado, exigible para los anteproyectos que desarrollan Derecho de la Unión Europea (UE)", pese a que "el Ministerio de Sanidad incluyó este trámite en la Memoria de Análisis Normativo (MAIN)".
También ha defendido que "la nueva regulación española se acompase a la revisión del marco europeo", ya que su tramitación coincide con la revisión que ya ha iniciado la Comisión Europea (CE) de las directivas que regulan estas mismas materias "para evitar incoherencias y sucesivas modificaciones normativas".
Los estanqueros, que forman parte de la Mesa del Tabaco, también han considerado que esta "normativa sanitaria", debería "tener en cuenta los innumerables estudios que se están publicando sobre la reducción de daños de los nuevos productos relacionados y legislar en consonancia y de forma diferente a la del tabaco tradicional".
Por su parte la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV), la reforma de la Ley del tabaco "comete un error de graves consecuencias, al equiparar los productos sin humo con el tabaco", lo que "aleja al consumidor de alternativas menos dañinas" al cigarrillo tradicional.
Por último, la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales (Anesvap) ha alertado de que, "mientras se habla de prohibiciones", nadie controla la entrada y comercialización de "productos ilegales, sin registros sanitarios" para vapear.
Reacción de la interprofesional
La organización interprofesional del tabaco de España (Oitab) ha criticado que el Gobierno no haya consultado "suficientemente" al sector ni se hayan valorado "adecuadamente" las consecuencias del anteproyecto de la ley antitabaco aprobado este martes en segunda vuelta por el Ejecutivo.
A la espera de conocer el texto definitivo, Oitab ha asegurado que no se oponen a los objetivos de la norma, pero cree que no se han sopesado de forma adecuada "las consecuencias que esta iniciativa puede tener sobre los productores y transformadores españoles", según un comunicado.
"La toma de decisiones improvisada y precipitada sin realizar los pertinentes estudios de impactos y de espaladas a los sectores afectados provocará daños irreparables", ha añadido.
La interprofesional ha incidido en que se trata de una actividad que aporta casi 3.710 millones de euros al PIB español y más de 57.400 empleos, siendo el quinto mayor contribuyente a las arcas públicas en España, con 9.500 millones de euros.
