La Audiencia Nacional juzga a Glovo y dos de sus directivos por una demanda presentada por UGT, que acusa a la empresa de vulnerar la libertad sindical en varios encuentros telemáticos celebrados con sus repartidores, y pide la nulidad de esas asambleas.
En declaraciones a Efeagro, el abogado de UGT, Bernardo García, ha informado de que piden además una indemnización de 25.000 euros compensatoria para la sección sindical de los repartidores de Glovo.
La empresa de reparto animó a sus “riders” a enfrentarse a los sindicatos en medio del diálogo social abierto entonces para negociar la llamada “Ley Rider”, según la denuncia de UGT.
En las dos videollamadas -con cerca de medio millar de asistentes en cada una-, los directivos defendieron que la voz de los repartidores no está bien representada en el diálogo social por los sindicatos.
UGT además interpreta que la compañía instó a estos repartidores a organizarse en torno a otras asociaciones, en concreto las pro-autónomos surgidas (Asoriders, APRA o AAR).
El abogado reclama a la Justicia que se declaren nulas esas actuaciones y que “sirvan de efecto disuasorio” tanto a Glovo como a “otras” empresas para que no se “prevalgan de su posición de poder”.
Son unos actos de “injerencia empresarial indeseables en un sistema de relaciones labores democrático”, según el abogado.
