En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que se trata de un “importantísimo avance que se va a producir en los derechos laborales de los trabajadores que se dedican al reparto en las llamadas plataformas digitales”. El Gobierno ha dado un plazo de tres meses para que las empresas se adapten.

El pasado 10 de marzo el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme cerraron un acuerdo para la ley que fija la condición de asalariados de los repartidores autónomos que trabajan para plataformas digitales que prestan servicios de reparto o distribución de productos de consumo o mercancías.

Mientras, cientos de repartidores pro-autónomos han participado en las manifestaciones convocadas en diez ciudades españolas para protestar contra la llamada “Ley Rider”, unas protestas en las que han participado entre 3.000 y 4.000 personas, según los convocantes.

Oposición en las calles

En Madrid, más de 300 repartidores han recorrido el centro de la capital y llegaron hasta el Congreso de los Diputados, donde han leído un manifiesto que resume su oposición a una “Ley Rider” que fue consensuada en marzo por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.

También se han producido concentraciones en Barcelona (donde la Guardia Urbana ha cifrado en 80 el número de asistentes), Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Albacete.

Las asociaciones de repartidores pro-autónomos han criticado su ausencia en las negociaciones y han reclamado a los diputados que no validen una normativa que obliga a las empresas a que estos profesionales sean asalariados.

“La nueva ley implicará más precariedad”, ha defendido en declaraciones a Efeagro uno de los portavoces del movimiento, Gustavo Gaviria, en alusión al riesgo de que las plataformas digitales de reparto que optaban por utilizar autónomos (como Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats) reduzcan sus plantillas.

El colectivo pro-autónomo también ha cuestionado durante los últimos meses los beneficios del nuevo modelo que introduce la “Ley Rider”, ya que las compañías pueden optar por subcontratar a terceros este servicio, y citan como ejemplo el caso de la plataforma Just Eat.

Además, defienden que las condiciones laborales y salariales de los repartidores que trabajan para firmas con servicio de reparto propio no son mejores “per se” que las que tienen ellos como autónomos.

Los convocantes de las protestas –la Asociación Profesional de Riders Autónomos APRA y el movimiento Repartidores Unidos– han censurado a los sindicatos por “su falta de representatividad en los debates” y han comenzado a establecer contacto con asociaciones europeas para “buscar amparo” a nivel comunitario.

La aprobación de la “Ley Rider” puede conllevar “dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo”, de acuerdo con sus cálculos, basados en estimaciones hechas públicas por las propias plataformas.

Miedo a la subcontratación

La normativa también ha sido recibida con críticas por la asociación “Riders x Derechos”, que desde hace años ha denunciado a las empresas de reparto por considerar que no cumplían la regulación laboral vigente en España al utilizar a trabajadores autónomos y exigía su contratación.

“Es un paso insuficiente, hay poco que celebrar”, han apuntado sus responsables en un comunicado, en el que recuerdan que sus posiciones han recibido el respaldo de la Inspección de Trabajo y varias sentencias judiciales.

Aunque “en apariencia” la “Ley Rider” va en línea con sus demandas, la asociación advierte de que el proceso de laboralización “se realiza abruptamente, sin garantizar la permanencia” de los actuales repartidores.

Además, “no se garantiza que estas empresas no opten por la subcontratación”, la legislación da “casi cinco meses de tiempo para que las compañías sigan vulnerando derechos laborales” y tampoco recoge la posibilidad de que aquellos repartidores extranjeros “sin papeles” puedan regularizar su situación.

“Riders x Derechos” ha lamentado, asimismo, que no se haya “penalizado a las empresas defraudadoras” con “multas millonarias”, como en Italia.

“A lo largo de este año de negociación, el Ministerio de Trabajo ha ido cediendo a gran parte de los postulados de la patronal y han ido eliminando todas las propuestas que se habían hecho por parte de los sindicatos”, han denunciado.

La reacción de las plataformas

Las plataformas digitales de reparto Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats han cargado contra la “ley rider” por considerar que pone “en riesgo” el desarrollo del sector, mientras que Just Eat ha salido en su defensa.

La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que agrupa a Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats, ha lamentado en un comunicado que se apruebe la nueva regulación “por la vía de urgencia y sin debate parlamentario”.

Ha criticado que no se haya contado con la opinión de restaurantes, plataformas y repartidores en su elaboración, además de incidir en el impacto que tendrá en un sector que ya aporta más de 700 millones de euros al PIB nacional, según sus datos.

En contraste, los responsables de la división española de Just Eat Takeaway han considerado que la “Ley Rider” genera “seguridad jurídica” y permite garantizar tanto los derechos de los repartidores como que todos los operadores del sector tengan que llevar a cabo su actividad “bajo las mismas reglas”.

“El modelo de contratación de repartidores por cuenta ajena es el que nosotros aplicamos en más de 160 ciudades de Europa”, han apuntado desde el grupo, cuyos directivos han considerado que la sentencia del Supremo de septiembre de 2020 -que consideraba “falsos autónomos” a los repartidores de algunos de sus rivales- “marcó un antes y un después”.

En España, se estima que hay actualmente operativos cerca de entre 20.000 y 30.000 repartidores en plataformas digitales, centradas sobre todo en el envío de comida a domicilio.