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La campaña electoral ya ha arrancado y, con ella, los programas y propuestas de los diferentes partidos que dejan entrever el modelo alimentario que defienden para España y tocan algunos aspectos especialmente sensibles como la defensa de las explotaciones familiares o la limitación de la protección del lobo.
Así, el PSOE se ha comprometido a impulsar una nueva Ley para apoyar la Agricultura Familiar si continúa en el Gobierno, para actualizar la definición de productor a tiempo parcial o total y precisar aspectos sobre la titularidad compartida entre hombres y mujeres.
Esta medida fue avanzada por el actual ministro del área y cabeza de lista por Córdoba, Luis Planas, en un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entre sus planes, también, consolidar las “mejoras” en la regulación de la cadena alimentaria -con ley reformada en esta legislatura-, en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y a la maquinaria en el campo y para la seguridad de la flota.
Por ahora, las encuestas dan como favorito al Partido Popular que promete que flexibilizará el calendario de aplicación en el sector primario del Pacto Verde Europeo y rebajará la protección al lobo, devolviéndole al “status” del que gozaba antes de su inclusión en el listado Lespre.
El programa electoral presentado por la formación recoge una treintena de iniciativas relacionadas con el sector agroalimentario que incluye la revisión y, en materia de seguros agrarios, incorporar a los planes el riesgo de pérdida de ingresos y la cobertura del riesgo de sequía hidrológica en la agricultura de regadío.
Coincide con el PSOE en el objetivo de prestar un apoyo especial a la agricultura familiar en el marco de una nueva Ley y favorecer el relevo generacional en el campo, simplificando trámites o anticipando ayudas.
Las propuestas de Vox para las elecciones generales del próximo 23 de julio buscan garantizar la soberanía agroalimentaria española y fortalecer el mercado interno europeo ante terceros países.
El partido de Abascal quiere aligerar la condicionalidad medioambiental de la Política Agraria Común (PAC) que “criminaliza” a los profesionales del sector.
Y aboga por que sean los españoles quienes decidan sobre las cuestiones que les afectan directamente, en contraposición a las normativas procedentes de la Unión Europa (UE).
Sumar, por su parte, considera que cualquier habitante del mundo rural debe tener acceso a los servicios básicos en menos de 30 minutos, es una de las propuestas del partido que lidera Yolanda Díaz que aboga por una transición agroecológica en el sector primario.
“Territorio 30 minutos” representa la posibilidad de disponer de servicios esenciales, desde un cajero automático hasta acceso a internet, en menos de media hora, para lo que hace falta poner en marcha una estrategia que pasa por un transporte público y colectivo al alcance de cualquier persona.
Ante la falta de rentabilidad de las explotaciones familiares, Sumar propone un cambio de modelo productivo donde los agricultores sean los “protagonistas” y participen en la definición de una transición agroecológica que les permita enfrentar el futuro “con garantías” y hacer frente al cambio climático, empleando los fondos de la Política Agraria Común (PAC) con ese objetivo.
Aún quedan dos semanas de campaña para saber cuál de estas medidas son las destacadas por los candidatos a los que quizá se les podrá ver en el campo o en los pueblos, tal y como viene sucediendo en las últimas citas con las urnas.
