La propuesta ha sido presentada por portavoces del sector de gran consumo (Aecoc), los supermercados e hipermercados (ACES, Anged y Asedas), la industria alimentaria (FIAB) y la hostelería (Marcas de Restauración), que se han unido para reclamar un cambio en la fiscalidad, ya que bajo la normativa actual consideran que supone “un freno” a la donación.

Responsables de ONG y bancos de alimentos han explicado en rueda de prensa que el pago del IVA supone “un coste directo que desincentiva” donar un producto, ya que la empresa debe pagar el impuesto pese a que no obtiene ningún ingreso por no venderlo.

La alternativa es la destrucción, en cuyo caso no se abona el IVA, aunque implica generar más residuos y va en contra de los principios de economía circular.

La solicitud hecha pública ya ha sido recogida en una enmienda presentada por el PP y el PDeCAT a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, actualmente en fase de exposición pública.

“Eliminar la barrera de tributar por un producto que se ha donado a una entidad benéfica permitiría que las empresas dejaran de dedicar recursos a una destrucción que no les aporta ningún valor”, ha defendido el director general de Aecoc, José María Bonmatí.

Tanto patronales como ONG apuntan a que esta exención del IVA aumentaría automáticamente las donaciones de las compañías que ya optan por esta vía, pero además haría que se sumasen otras empresas “que hoy no lo hacen o por costes o por inseguridad jurídica”.

Bonmatí ha recalcado que la propuesta no tiene tintes políticos y podría ser apoyada por todos los grupos parlamentarios, y ha incidido en que en Europa otros países como Grecia, Polonia o Bélgica ya han aprobado exenciones similares.

Los impulsores de la iniciativa han precisado que aunque no tienen calculado cuánto dinero dejaría de ingresar el Estado al suprimir esta tasa, la medida tendría un impacto positivo muy amplio que superaría con creces su coste.

“Su impacto hay que verlo desde un punto de vista amplio, ya que si se dona producto que ayuda a mejorar los niveles de salud de una parte de la población -colectivos desfavorecidos por ejemplo- o conseguimos emitir menos gases contaminantes al no destruir ese producto, también supone un ahorro”, ha razonado el director general en España de la Fundación World Vision, Javier Ruiz.

De hecho, han recordado que en España se generan anualmente 138 millones de toneladas de residuos que originan un 4,3 % del total de gases de efecto invernadero.

Además de la Ley de Residuos, el Gobierno ya trabaja en un Anteproyecto de Ley contra el Desperdicio Alimentario, otro marco normativo que patronales y ONG estudian para prevenir que la comida termine en la basura.

En este caso, una de las cuestiones clave radica en la responsabilidad legal sobre el estado y la manipulación del producto desde que se realiza la donación hasta que llega al consumidor, ya que es imprescindible garantizar la seguridad alimentaria.

El subdirector de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), Francisco Greciano, ha subrayado que durante la pandemia registraron momentos “críticos” y colaboraron con casi 8.000 organizaciones sociales para repartir comida entre 1,56 millones de beneficiarios.

A través de su red de 54 centros -tienen presencia en todas las comunidades autónomas del país-, distribuyeron 159.000 toneladas de comida a lo largo de 2020, según sus cálculos; de esta cifra, el 22 % fueron donaciones de fabricantes de alimentos, el 19 % fue aportado por supermercados y el 14 % correspondió a retiradas del mercado de frutas y hortalizas.