La presión diplomática y comercial ejercida por Malasia e Indonesia ha influido, entre otros factores, para determinar la política de la Unión Europea (UE), que planteaba una prohibición en la importación del aceite de palma para agrocombustibles, finalmente descartada.

Estos países asiáticos, donde se cultiva el 90 % de la producción mundial de palma, amenazaron con cancelar contratos a empresas europeas como Airbus, boicotear la compra de bienes europeos e incluso acudir ante la Organización Mundial del Comercio.

El europarlamentario de Equo, Florent Marcellesi, confirmó a Efe que los argumentos de Kuala Lumpur y Yakarta “influyeron” durante las negociaciones en un Parlamento Europeo que tuvo “tendencia a escuchar” a los enviados malasios e indonesios.

Aunque como contrapunto, la insistencia de los embajadores y grupos de presión de ambas naciones hartó a los políticos europeos hasta el punto de “enfadarlos por la injerencia”, matizó Marcallesi, cuya agrupación política forma parte del Partido Verde Europeo, en conversación telefónica.

Para el director de la organización ecologista Global Environment Centre, Faizal Parish, el aceite de palma “ha sido usado por los políticos (malasios e indonesios) para sus propios intereses e intentar ganar las elecciones”, comentó a Efe.

Desde principios de año las negociaciones tripartitas (Parlamento, Comisión y Consejo de la UE) para modificar la Directiva para las Energías Renovables (RED) abrieron la puerta un cambio en la política de importación de agrocombustible.

El aceite de palma, a debate

En los borradores iniciales de la RED propuestos por el Parlamento Europeo se mencionaba de forma específica al aceite de palma lo que llevó a especular sobre una prohibición total de este producto, que se también se utiliza en otros ámbitos como la alimentación, higiene o cosmética.

La tensión aumentó tras la publicación en marzo de un estudio para el Plan de Acción contra la Deforestación, que la Comisión Europea continúa analizando.

El informe, elaborado por las consultoras 3Keel y LMC International, advierte que la expansión del aceite de palma ha provocado deforestación, perdida de biodiversidad, conflictos por expropiación de tierras y el secado y quema de turberas, que son territorios ricos en carbono.

Sin embargo, el documento señala que la industria del aceite de palma ha contribuido al desarrollo de las economía rural de millones de personas en los países productores.

A finales de junio, tras hacerse público el texto final de la directiva europea, el embajador de la UE en Indonesia, Vincent Guerend, se apresuró a descartar cualquier trato discriminatorio hacia este cultivo.

“El texto no discriminará, ni prohibirá el aceite de palma. La Unión Europea es y continuará siendo el mercado más abierto para el aceite de palma indonesio“, apuntó en un comunicado Guerend.

La directiva plantea eliminar de forma progresiva hasta 2030 los agrocombustibles con un “alto cambio indirecto del uso de suelo” y en zonas con grandes concentración de depósitos de carbono.

El cambio indirecto del uso de tierra ocurre cuando cultivos con fines energéticos sustituyen a los tradicionalmente destinados para uso alimenticio, o provocan deforestación o la emisión de gases de efecto invernadero.

La Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible (RSPO en inglés), la principal certificación justa de la industria, apuntó a Efe en correo electrónico que el texto “reconoce que cualquier materia prima puede ser producida de forma sostenible”.

En 2017 la Unión Europea fue el segundo destino de exportaciones de aceite de palma con el 16 %, mientras que la India ocupó el primer lugar con el 19 %, según datos de Oil World, en un contexto de creciente demanda global.

Cerca de la mitad del aceite de palma que entra en Europa se utiliza como agrocombustible, según datos del 2014 de la coalición ecologista Transport and Enviroment.

La Comisión Europea todavía debe determinar antes de febrero de 2019 el criterio para clasificar los agrocombustibles en función del uso de suelo, lo que puede reavivar el conflicto comercial junto al citado Plan de Acción contra la Deforestación.

La directiva establece además para 2020 un tope para los agrocombustibles en el sector del transporte que podrán suponer como máximo el 7 %.