Europa nunca ha apostado más por la agricultura sostenible que ahora, y ello se refleja en el Pacto Verde, el nuevo marco legal bio y la futura Política Agrícola Común (PAC), medidas políticas que el sector ecológico español apoya, aunque con propuestas de mejora para cumplir los objetivos marcados.
La pandemia de la covid-19 ha aumentado la demanda de alimentos ecológicos, de los que España es la primera productora europea y la cuarta mundial, pero también ha provocado el aplazamiento de la aplicación de su nueva reglamentación, que en vez de entrar en vigor el próximo 1 de enero lo hará al inicio de 2022.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las técnicas de mutagénesis ha vuelto a poner de manifiesto que no existe consenso sobre la ingeniería genética entre las asociaciones de empresas biotecnológicas, agricultores, productores ecológicos y ecologistas.
La agroecología, modelo de producción que tiene en cuenta cuestiones sociales, técnicas y ambientales, empieza a dejar de ser “minoritaria” y se perfila como una posible opción (soberanía alimentaria y empoderamiento) que colabore en frenar las migraciones por necesidades básicas.
El reglamento ecológico será realidad el 1 de enero de 2021. Mucho se ha hablado sobre esta compleja normativa, si bien el sector destaca dos aspectos fundamentales de la producción eco que han salido reforzados: una agricultura ligada al suelo y el reconocimiento de las semillas tradicionales.
El estudio “Prácticas Agroecológicas de Adaptación al Cambio Climático” pretende servir de guía para que la agricultura convencional empiece la transición hacia la agroecología. El informe de SEAE cuenta con un diagnóstico a nivel estatal, con casos prácticos.
El sector ecológico ha valorado la Estrategia Ecológica 2018-2020 -algunas acciones como el estudio de vertebración o los acuerdos con los cuerpos y fuerzas de seguridad para perseguir el fraude ya se han iniciado- pero, sin un presupuesto, será complicado llevar a cabo sus más de cien líneas de actuación.
