El Consejo Regulador de Sierra Mágina critica que la Oficina de Patentes y Marcas no rechace de oficio la solicitud de marcas con nombres protegidos similares a las denominaciones de origen, obligando a éstas a gastar recursos para vigilar y oponerse a peticiones que no cumplen las normas.
Así lo indica a Efeagro el gerente del CRDO Sierra Mágina, Jesús Sutil, en relación a cómo afecta a este sector la competencia de empresas que puedan utilizar nombres similares a los suyos.
Sutil señala que, cada año, tienen que denunciar entre dos y tres casos de empresas que utilizan la mención «Sierra Mágina» sin estar certificados por el Consejo Regulador. Según recuerda tanto la normativa europea como la Ley de Calidad de la Junta de Andalucía «preservan los nombres geográficos de nuestras Denominaciones de Origen Protegidas para los aceites de oliva», de forma que «su uso sin cumplir los requisitos del Consejo Regulador es contrario a derecho».
Por esa misma razón, este Consejo Regulador adoptó en su momento el acuerdo de «no aceptar que ninguna marca tuviera el nombre de Sierra Mágina con posterioridad a nuestro reconocimiento y oponernos a todas las que intentaran registrarse desde ese momento» porque, de lo contrario, se confundiría al consumidor.
«Si éste ve el nombre de Mágina en una etiqueta, éste va a entender que está protegido por la Denominación de Origen, y no se va a parar a verificar si aparece el logotipo o contraetiqueta», añade.
En cuanto a las marcas que ya existían con anterioridad al reconocimiento de la citada Denominación de Origen, Sutil puntualiza que «son las únicas que llevan el nombre de Mágina, y prácticamente todas están dentro de la Denominación de Origen; y las que no lo están, apenas tienen actividad».
«Una de nuestras funciones principales es la defensa del nombre protegido, por eso nos hemos opuesto y denunciado a todas aquellas marcas que han pretendido usar el nombre de Mágina sin pertenecer a la DO», recalca el gerente.
Este celo del Consejo Regulador persigue también la defensa de los olivareros y las almazaras, «que se esfuerzan en cumplir el pliego de condiciones» del organismo, así como también del consumidor, «que espera una calidad acorde al producto certificado».
«Esto nos ha supuesto gastos y algún que otro proceso judicial, pero hasta ahora, hemos podido controlar este tema», concluye. EFEAGRO
