Estas organizaciones han alertado de la "pérdida sistemática y continuada de rentabilidad y competitividad" en el sector del olivar de almazara, por lo que han reclamado medidas "necesarias, urgentes y estructurales".

En su apuesta por la calidad de los aceites, han exigido la aplicación "efectiva" de la normativa de calidad y etiquetado, y un aumento de los controles de los productos comercializados, incluida la verificación de los procesos industriales y de la adición de otros aceites.

Entre las medidas, están la revisión del sistema de infracciones para que los incumplimientos de este tipo lleven sanciones penales, como ya ocurre en países competidores, y el uso de las nuevas tecnologías disponibles para cruzar la información generada en los diferentes sistemas y registros con vistas a detectar situaciones de riesgo de fraude y dirigir las inspecciones.

Además, las organizaciones agrarias y las cooperativas han pedido que se incluya en la normativa la obligatoriedad para los operadores de identificar el contrato al que corresponde el producto transportado en el registro de movimientos Remoa cuando responda a una operación de compraventa, así como introducir su precio.

"Es necesario apoyar de forma efectiva y con recursos las investigaciones dirigidas a obtener métodos químicos que sirvan para detectar mezclas ilegales y desodorizados, así como avanzar en métodos químicos que den objetividad a la clasificación organoléptica de los aceites de oliva vírgenes", según un comunicado conjunto.

Para evitar problemas de equilibrio de la oferta y la demanda, los firmantes han exigido a las Administraciones que apliquen de forma "rigurosa y efectiva" las medidas legales existentes de regulación del mercado.

También han pedido una línea de préstamos ICO "suficiente" para que las almazaras dispongan de financiación para cubrir los costes financieros de la autorregulación.

Túnez, uno de los principales orígenes de las importaciones

Los productores ven "imprescindible" el control y transparencia de las importaciones mediante "mecanismos eficaces", al tiempo que han solicitado la supresión del régimen de perfeccionamiento activo (sin arancel), ya que los regímenes aduaneros suspensivos de aranceles "no disponen de registros en las importaciones regulares de Eurostat ni garantías de trazabilidad".

Respecto a Túnez, uno de los principales orígenes de las importaciones que "distorsionan el mercado", se solicita la suspensión tanto del régimen de perfeccionamiento activo como del contingente arancelario.

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas han llamado a dotar de "eficacia y recursos" a la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector del aceite de oliva, estableciendo unos costes medios de forma objetiva, el control de los precios de las importaciones y medidas de compensación para aquellos productores que no alcancen los umbrales de rentabilidad.

Frente al cambio climático, han pedido mejorar la gestión de los recursos hídricos, aumentar la superficie de olivar en regadío, buscar nuevas fuentes de captación de agua y dar prioridad al cultivo de olivar en el acceso al agua.

Los productores han planteado un plan de reconversión con fondos públicos que garantice la sostenibilidad y competitividad del sector, favoreciendo la modernización y reestructuración de las explotaciones, y un plan estratégico integral de apoyo al olivar tradicional.