La industria agroalimentaria afronta la legislatura con varios frentes abiertos y aguarda expectante a las decisiones legislativas que adopte el nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, al que por el momento ya ha reclamado firmeza contra los aranceles de la Administración estadounidense y medidas compensatorias.
La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) demanda “diálogo” al nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y aboga por la “colaboración” para que el sector siga siendo un “motor” de la economía española.
Como primera prioridad, la patronal ha colocado la lucha contra los aranceles impuestos por Estados Unidos a la exportación de distintos productos agroalimentarios españoles, entre ellos el aceite, el vino o el queso.
Por ello ha reclamado igualmente al nuevo Ejecutivo que se reactiven las negociaciones bilaterales y las que mantiene la Unión Europea con la Administración Trump para que retire estos impuestos.
Normativa unificada para evitar más costes
La industria alimentaria arguye que precisa de “estabilidad”, y entre sus demandas incluye que se garantice la unidad de mercado, es decir, que no haya normativas autonómica o municipal que obstaculice la libre circulación de bienes en todo el territorio.
Esta petición está vinculada con las conversaciones que mantiene el sector con las autoridades sobre cómo mejorar el sistema de recogida de envases, uno de los retos en materia de sostenibilidad y economía circular más acuciantes ante la presión social y sobre la que algunas comunidades han comenzado a legislar.
Los empresarios del sector también abogan por un equilibrio fiscal, y admiten en privado su preocupación por la posibilidad de que el nuevo Gobierno apruebe subidas de impuestos, sobre todo por su impacto negativo en el consumo.
La salud bajo el foco
Otra cuestión fundamental para la industria alimentaria es atender a la creciente tendencia entre los consumidores de optar por productos más saludables; en marcha ya está el plan para la mejora del perfil nutricional de diferentes alimentos firmado con el Ministerio de Sanidad para el período 2017-2020.
No obstante, el documento acordado por PSOE-Podemos que resume su estrategia a seguir a partir de ahora pone bajo el foco la llamada “comida basura” y anticipa que revisará su fiscalidad, lo que hace prever un incremento de la carga fiscal.
Impulsar la internacionalización, la innovación y la digitalización y contribuir a al equilibrio en las relaciones comerciales son otros de los objetivos marcados por FIAB, portavoz del principal sector industrial del país, con más de 31.000 empresas, medio millón de empleos y con un peso próximo al 3 % del PIB.
“Queremos continuar colaborando con el Gobierno en beneficio de los consumidores y del conjunto de la sociedad española”, defendió recientemente el director general de la patronal, Mauricio García de Quevedo.
